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Diego Cañamero.
Cañamero, investigado por la ocupación de la finca de Somonte

Cañamero, investigado por la ocupación de la finca de Somonte

La juez cree que se podría haber cometido un delito leve de usurpación inmobiliaria, a la vez que considera que "pudieran existir indicios" de la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad

EUROPA PRESS

Martes, 21 de junio 2016, 17:41

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) ha dictado un auto en el que investiga al cabeza de lista de Unidos Podemos por la provincia de Jaén para las elecciones generales del próximo domingo, Diego Cañamero, y la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno, por la ocupación por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca de Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, que este lunes fue desalojada nuevamente.

Según recoge el auto, la juez investiga a unas 15 personas, entre ellas los ya mencionados, y apunta que en la nueva ocupación de la finca el día 5 de junio sobre las 11:30 horas, tras haber sido desalojada tres días antes, se podría haber cometido un delito leve de usurpación inmobiliaria, a la vez que considera que "pudieran existir indicios" de la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad.

Al respecto, el letrado de la Junta de Andalucía, en un escrito del día 13 de junio de 2016, solicitó un nuevo desalojo de la finca y en su caso, "con apercibimiento a los presuntos responsables de que en caso de no cesar en su conducta, y no desalojar definitivamente la finca o reiteren la ocupación de la misma, podrán incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad", algo a lo que el fiscal no se opuso y que se llevó a cabo este lunes.

En concreto, en el auto del día 16 de junio, adelantado por 'El Día de Córdoba', la juez se basa en el atestado policial para determinar que el día 5 de junio, un grupo de personas "dirigidas" por Diego Cañamero y María del Carmen García Bueno "se dirigieron a la finca teniendo pleno conocimiento de que tres días antes se había producido el desalojo, por lo que pudieran existir indicios de un presunto delito de desobediencia a la autoridad".

El auto judicial relata que, "tras violentar los candados de las puertas de acceso a la finca, accedieron a su interior y permanecieron allí, a sabiendas de que el desalojo judicial se había producido tres días antes". E insiste en que "los imputados y demás personas que ocupan la finca tienen conocimiento de que es propiedad ajena y que la ocupan contra la voluntad de sus propietarios", lo que, según la juez, "se desprende claramente de los hechos".

De este modo, expone que en el caso constan "todos los elementos del tipo penal" para considerarlo un delito de usurpación, entre ellos que no ha existido "violencia o intimidación" y que consta "la voluntad contraria de tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble", la Junta de Andalucía, además de concurrir "dolo en el autor, que conozca la ajeneidad del inmueble y la ausencia de autorización del titular".

El nuevo desalojo

Ante todo ello, los agentes de la Guardia Civil desalojaron de nuevo en la mañana de este lunes por la orden judicial a los jornaleros y afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores que ocuparon el 5 de junio la finca, algo que se produjo "sin incidentes", según informaron fuentes cercanas al proceso.

Al respecto, el SAT anunció el domingo 5 de junio la "reocupación" de la finca y subrayó que no iban a aceptar que Somonte fuera "abandonada de nuevo". En una nota, el sindicato resaltó que "Somonte es una finca pública, que no estaba en producción cuando fue ocupada en 2012 y que la Junta pretendía malvender, como había hecho antes con muchas otras fincas del patrimonio agrario público andaluz".

Además, el sindicato sostiene que, "actualmente, sus 400 hectáreas están sembradas", a lo que añadió que "la Junta disponía de casi 20.000 hectáreas de tierra pública que, mediante procedimientos de subasta, han pasado paulatinamente a manos de especuladores y terratenientes que las usan para cultivos con transgénicos, biodiesel o para beneficiarse de las ayudas europeas. Se calcula que el patrimonio actual ronda las 5.000 hectáreas".

"Cuando Somonte fue ocupada, la finca no estaba cultivada ni dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Actualmente, está totalmente sembrada de trigo, avena, habas, girasol y colza", agregó el sindicato.

En esta misma línea, subrayó que los jornaleros y afiliados al SAT se han encargado de realizar varias tareas, entre ellas "se ha creado un huerto, se ha instalado un gallinero, se han realizado obras de mejora de las instalaciones de riego y se ha labrado la totalidad de la finca, aparte de las obras de adecentamiento y cuidado de los caminos y edificaciones". "Aparte del uso social de la tierra, la ocupación puso a Somonte en el mapa. Allí se han realizado multitud de actividades informativas, culturales y reivindicativas", defiende el sindicato.

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