Los casos de corrupción se eternizan

Él aguardaba la llegada de un familiar en la puerta trasera de la Ciudad de la Justicia. «Enhorabuena», le dije. Acababa de ser absuelto de un asunto de corrupción. En su cara destacaba más la resignación que la alegría, circunstancia poderosamente llamativa en quien ha conseguido eludir la entrada en prisión. «Ya, ya... Pero diez años, diez años...», lamentaba. No es censurable que una acusación de la fiscalía no se dé finalmente por probada. Eso puede ocurrir y, de hecho, sucede con relativa frecuencia. Se constituye incluso como una garantía del sistema. Lo que no parece admisible es la espera. Y más cuando desde determinados ámbitos se exige -y no sin cierta razón- un plus de ejemplaridad a los cargos públicos para que abandonen tras la imputación.

Un repaso a la hemeroteca permite enumerar unos cuantos asuntos que se han resuelto tras un periodo de investigación escandalosamente prolongado. La trama de facturas falsas de Terra Mítica constituye un buen ejemplo. Uno de los primeros casos de corrupción, principio de una sucesión de episodios por entonces inimaginable. Dos exdirectivos del parque -el responsable de contratación Justo Valverde y el director técnico Antonio Rincón- fueron condenados a cinco años y diez meses de cárcel por estafa y falsedad.

Delitos fiscales

En cambio, el entonces presidente del parque Luis Esteban y el director general Miguel Navarro se marcharon a casa con un fallo absolutorio. El peor castigo fue para una veintena de empresarios que comprobaron la dureza de la Audiencia. A dos de ellos, Vicente Conesa y Antonio Moreno, se les impusieron 23 y 46 años de cárcel por su participación en numerosos delitos contra la Hacienda Pública.

El caso Naranjax, con condena final de cuatro años para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, permaneció otra década de mano en mano. Hasta nueve jueces diferentes vieron el caso. Esta fue también una de las principales causas de la demora.

El grueso Gürtel es otro de los asuntos que copan la última etapa en los tribunales. Arranca con el juez Baltasar Garzón en 2009. A estas alturas sólo se han juzgado los supuestos regalos de trajes de la trama -Franscisco Camps y Ricardo Costa fueron absueltos- y la pieza del stand de Fitur, pendiente de sentencia. La siguiente cita en el calendario será en octubre con el juicio de la primera época de la red delictiva.

Brugal, cuya investigación primigenia arranca en 2007, se sitúa como uno de los referentes de ejercicios de presunta malversación y prevaricación en la Comunitat. La macrocausa cuenta con una veintena de piezas separadas. Los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi permanecen como investigados en la pieza del Plan General de Ordenación Urbana. Otro de los 'ilustres' encausados es José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante. Se enfrenta a 16 años de prisión por la presunta trama de las basuras por la adjudicación del contrato para gestionar este servicio en la Vega Baja.

Existen otros casos cuya instrucción también se mantiene abierta. Destaca, por ejemplo, Emarsa que hasta la fecha ocuparía el primer puesto de la Comunitat si la clasificación se hiciera según el dinero desviado. Más de 20 millones de euros se esfumaron de la depuradora que abastece la ciudad de Valencia.

Retraso del juicio de Emarsa

La sorpresiva detención del cerebro de la trama, escondido en Moldavia, obligó a retrasar la vista, prevista para el pasado mes de noviembre. Desde 2011 se han ido constituyendo una decena de piezas separadas. Este asunto, comparado con la dimensión de la trama, se ha instruido 'relativamente' rápido.

Cooperación, también conocido como el caso Blasco, se cerró con condenas tras casi cuatro años de pesquisas judiciales. Pero sólo una pieza. Actualmente otras dos ramas se encuentran en manos de la juez de Instrucción 21, que recientemente acaba de solicitar una prórroga de 18 meses para seguir investigando.

Otros casos menores, en cuanto a entidad, pero no por ello menos gravosos para los protagonistas. Diez años ha pasado el alcalde de Zarra hasta que la Audiencia le ha absuelto de la acusación de beneficiar a su hijo con la venta de unas propiedades municipales. Escaso consuelo encuentran también los directivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio, Enrique Pérez Boada y Enrique Benede que se sentaron en el banquillo por supuestas irregularidades en relación con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad de Jalance. Quedaron libres de toda sospecha.

El ramillete de asuntos que previsiblemente se extenderán en el tiempo se completa con sumarios más recientes. El caso Avialsa, con el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano investigado; la organización de las carreras de la Fórmula 1; el caso del Palau de les Arts y el del IVAM, así como las pesquisas en Imelsa, que implican a Alfonso Rus y que están a punto de cumplir un año bajo secreto.

La demora de la Justicia en general, pero de los casos de corrupción en particular, se antoja quizá como uno de los mayores problemas del sistema. Desde este punto de vista, nadie criticaría el objetivo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: que los casos menores se instruyan en seis meses y los complejos, en 18 meses.

La rapidez debía ser uno de los vectores principales de cualquier acusación. Los plazos anteriores, en cualquier caso, son ampliables si se dan una serie de requisitos. Los fiscales se quejan de que la ley es una declaración de buenas intenciones para la que no existen medios. Algo, por otra parte, habitual en esta administración.

Escasez de personal

Falta personal en el Ministerio Público para agilizar la instrucción de todos los asuntos. Este factor, agravado por la desaparición de los sustitutos, es un fenómeno que influye directamente en los tiempos de espera. Menor volumen de trabajo debería traducirse en más rapidez. De igual modo, el escaso ratio de jueces por cada mil habitantes influye en el mismo sentido. Un dato resulta demoledor: desde 2011 no se crea un juzgado en la Comunitat.

En Valencia existen tres fiscales Anticorrupción (50 en toda España) y alrededor de una docena de fiscales especializados en la sección de delitos económicos, que arrastran una considerable carga de trabajo. La exigencia de más personal sería una de las demandas básicas, aparte existen otras circunstancias que afectan directamente al devenir de la instrucción.

Las excesivas garantías. El sistema permite recurrir prácticamente todo y, además, en una doble instancia: ante el juez de Instrucción y ante la Audiencia. La resolución del tribunal se puede demorar varios meses. Si multiplicamos esto por el número de partes en el procedimiento obtendremos la explicación de por qué algunas causas se convierten en interminables. Existen defensas especialistas a la hora de ejecutar este tipo de estrategias.

Como ejemplo, podemos citar el caso Avialsa, la investigación al exdelegado del Gobierno por el supuesto amaño de los contratos de extinción de incendios a cambio del pago de cacerías y el regalo de relojes. Así, nada más levantarse el secreto se dividió la causa en varias piezas separadas, una práctica avalada por el Supremo -siempre que no exista una conexidad que haga imposible la división- como un método para hacer el procedimiento más asequible. Las defensas, normalmente, siempre prefieren una única pieza y, por tanto, sólo un juicio.

Fuentes de la Fiscalía coincidieron también en señalar otro problema. Resulta necesario un «cambio de mentalidad» en las investigaciones judiciales. Se practica demasiada prueba que luego se vuelve a repetir en el juicio. Doble trabajo. Y otro detalle que apuntan desde el ministerio público. En realidad es el juez sobre el que descansa la instrucción, pero el impulso a esa actividad parte siempre de los fiscales. Más todavía en estos casos.

Más obstáculos que no contribuyen a la rapidez del sistema. Los aforamientos. Algunos partidos político proponen eliminar esta condición para los políticos. Las mismas fuentes judiciales consideran que se trata de un privilegio y que, en realidad, hoy no se utiliza con el fin que se pensó: proteger la actividad parlamentaria. Supone un «lastre para la investigación». El caso en el que se evidenciaría esto de manera más clara la investigación a la exalcaldesa Rita Barberá por el blanqueo de 50.000 euros del Ayuntamiento de Valencia. Este asunto está prácticamente frenado a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva si existen indicios contra la senadora. Otros expertos consultados, en cambio, matizan que realmente sea un privilegio ante la ausencia de una segunda instancia.

El 95% de empresas públicas

Actualmente existe medio centenar de fiscales anticorrupción en España. Juan Carrau, uno de los especialistas de Baleares, recordó recientemente en la Universitat de Valencia que el 95% de los casos de corrupción se producen en las empresas públicas, por lo que sería conveniente incrementar el control. Además, consideró clave regular la figura del arrepentido para poder ofrecer más garantías a quien decide colaborar con la Justicia.

Su compañero Pedro Horrach, conocido por llevar el caso Nóos, sostuvo como uno de los puntales para agilizar el sistema que los jueces o los fiscales ejerzan realmente la dirección sobre la Policía Judicial, los encargados de elaborar los informes que finalmente sustentan toda la acusación. «Ya está bien de estar en manos de la Policía para decidir a quién o quienes se investiga», defendió durante su visita al Ateneo de Valencia para impartir una conferencia. De igual modo, indicó que sólo en Madrid existe una unidad de apoyo del Ministerio de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado para la labor de los fiscales anticorrupción. Se trata de reforzar esa relación. «Sólo si aúnas voluntades tendrás éxito».