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La juez prorroga la investigación a Blasco tras aparecer nuevas pruebas

La instructora imputa al tesorero de una ONG que recibió más de un millón de euros para proyectos de desarrollo

A. RALLO

Sábado, 28 de mayo 2016, 23:17

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valencia. El caso Cooperación avanza en dos sentidos. Mientras las partes tratan de llegar a una conformidad extrajudicial, la magistrada continúa con su trabajo. La instructora acaba de declarar la causa compleja, lo que supone ampliar el plazo de investigación de seis a dieciocho meses. Esta medida se ha adoptado para la mayoría de los asuntos de corrupción.

Pero, además, la causa cuenta con nuevos investigados, nueva denominación de imputados. Se trata del tesorero de la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa) una ONG nacida en 2004, con el fin, entre otros, «de brindar su apoyo a las poblaciones desfavorecidas y potenciar la Solidaridad entre la sociedad de los países más desarrollados», según su web. Al principio se encargaba de pequeños proyectos; de escasa cuantía. Pero desde 2009 todo cambió. En dos años, con Blasco, pasó a recibir más de un millón de euros.

El juzgado de Instrucción 21 de Valencia instruye la segunda y tercera pieza del Caso Cooperación. La primera, el desvío de fondos públicos destinados al Tercer Mundo para la compra de inmuebles en Valencia, se juzgó en el TSJ. El Supremo confirmó una condena de seis años para el exconseller Rafael Blasco. El dirigente popular se encuentra en la prisión de Picassent. Le acompañan otros altos cargos de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

23 investigados en la pieza

Las nuevas revelaciones afectan fundamentalmente a la pieza número 2, que analiza la legalidad de las subvenciones concedidas a ONGs durante los años 2009, 2010 y 2011. Las pesquisas implican a 23 personas, entre las que figuran aparte de Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto Tauroni.

Una de las acusaciones de la causa ha pedido también la imputación de uno de los técnicos evaluadores -los que daban el visto bueno a las diferentes ONGs- porque según admitió en su comparecencia como testigo recibía - y aceptaba- las indicaciones de un alto cargo de la Conselleria para elaborar sus escritos.

La pieza separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de que la jueza haya tomado declaración a una treintena de testigos desde que el TSJ devolvió la causa.

Uno de ellos, quizá el más relevante, fue el de Joaquín Blasco Prieto (anteriormente aparecía en la instrucción como investigado) declaró, entre otras cosas, que sabe y tiene pruebas de que Tauroni dio dinero a Blasco «en numerosas ocasiones». Esta era una de las claves que hasta la fecha nadie había reconocido y que la investigación no ha logrado probas más allá de meras suposiciones o indicios de escasa fuerza. Sólo falta un informe de la Intervención para cerrar la instrucción.

Las defensas negocian desde hace meses un acuerdo. Blasco estaría dispuesto a aceptar otros tres años de cárcel por las dos piezas anteriores. Las acusaciones también dejarían la misma pena para el empresario Augusto César Tauroni. Este compromiso se mantiene 'congelado' a la espera de que se concrete la forma de pago y las cantidades de la responsabilidad civil. El pacto incluiría penas de menos de dos años de prisión para numerosos investigados y en otros casos incluso se archivaría la causa.

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