El Consejo de Transparencia pide no depender del Consell

valencia. La transparencia se convirtió para los firmantes del Pacto del Botánico en uno de los principios irrenunciables del futuro Consell. La bandera que les iba permitir exhibir -de manera más evidente- la distancia entre el gobierno del PP y esta nueva etapa. Casi un año después de aquello, la diferencia entre la teoría y la práctica resulta notable. Como ejemplo: el Consejo de Transparencia. Un órgano que ayer presentó su memoria de actividad, un documento trufado de reproches por sobrecarga de competencias, la falta de independencia y la escasez de medios.

Los seis folios del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en realidad, no son una memoria al uso. El órgano se constituyó justo antes de Navidad por lo que pocas reclamaciones se tramitaron el pasado año. Destaca el consejo la «ambiciosa» apuesta del Consell -fue idea del PP pero sigue sin modificarse- de que la estructura dependa directamente de una Conselleria. Parece una cuestión de sentido común que difícilmente se puede ejercitar una plena independencia funcional si en última instancia se responde ante la propia administración a la que supuestamente debes «controlar», argumentan en el documento. Se citan otros ejemplos, como la fórmula en Andalucía, Canarias y Cataluña en los que disponen de plena capacidad funcional y orgánica y, en algún caso, responden ante el parlamento autonómico.

El organismo cuenta con tres funcionarios y el apoyo de un becario. Una cifra que resulta insuficiente. Tampoco la Dirección General de la que depende goza de una amplia plantilla. Son trece trabajadores más. El propio balance del Consejo de Transparencia recoge estas carencias. Reclama una mayor dotación de medios humanos y materiales. Además, este déficit de personal coincide con un exceso de competencias. Quizá se trata del organismo de este tipo que asume más funciones en toda España. El informe cita alguna de las atribuciones. Así, se encargarían de resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información, asesorar sobre proyectos en la materia, instar la incoación de expedientes y de impulsar la resolución de los incumplimientos recogidos en la Ley de Transparencia... Y sin olvidar que deben velar por la publicidad activa en los portales de transparencia de 600 municipios. La ingente cantidad de competencias, lejos de reducirse, se siguen ampliando con las reformas que hacen casi inviable el buen funcionamiento diario.

Además, como en cualquier proyecto que arranca, se han juntado otras actividades propias de esta fase inicial, como el lanzamiento de la web, redacción de formularios... El riesgo es que muchas de estas funciones acaben siendo un listado de buenas intenciones y aquellas que se lleven adelante «no puedan cumplirse en los plazos que resultarían razonables».

La dependencia también es económica. Los organismos similares manejan cifras significativas. Por ejemplo, el Estatal roza los tres millones de euros, mientras el andaluz sobrepasa el millón. El de la Comunitat no cuenta ni siquiera con una línea propia. Los miembros del Consejo, además, subrayan la conveniencia de que sus integrantes tengan dedicación exclusiva. Actualmente no cobran tampoco por su trabajo, más allá del pago de dietas de transporte. En este punto, el presidente del consejo, Ricardo García, insta a que se establezcan en un umbral de «dignidad» que compense la especialización y dedicación.

El PP, de la mano de su secretario general Luis Santamaría, lamentó estas condiciones y el afán del Consell por presumir de transparencia y hacer poco por demostrarla. Propuso que los 600.000 euros de los altos cargos de la Conselleria de Transparencia se destinen a este consejo y el organismo sea asumido por otra Conselleria.