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EFE
Jueves, 26 de mayo 2016, 00:10
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valencia. El fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, impartió ayer una conferencia en el Ateneo Mercantil de Valencia. Minutos antes de su intervención, al ser preguntado por los medios de comunicación, comentó la fase final del juicio del caso Nóos. Indicó
que seguirá defendiendo la inocencia de la Infanta Cristina, aunque dijo no saber si el proceso le dará la razón. «Serán los tribunales los que decidan». Mostró su esperanza en que no haya noticias «ajenas al juicio» que «perturben» el final del proceso en referencia a la sorpresiva revelación del juez Castro sobre que el abogado de la Infanta supuestamente le propuso un encuentro «clandestino».
El responsable de Anticorrupción tituló su conferencia 'Derechos y garantías en el proceso penal'. La jornada contaba con la colaboración del Consejo Valenciano del Colegio de Abogados, presidido por Mariano Durán. El representante del ministerio público presumió del prestigio que ha ganado en los últimos años el ministerio público. «A pesar de las críticas constantes por la dependencia jerárquica de la Fiscalía, tachándonos a los fiscales de monigotes al servicio del poder ejecutivo correspondiente, la confianza en la Fiscalía ha aumentado».
El fiscal del caso Nóos recordó que el 99% de las denuncias relativas a casos de corrupción en todo el país han surgido de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Durante la conferencia, Horrach se mostró partidario de proceder en este tipo de casos «con pasos cortos, vista larga y algo de mala hostia» al tiempo que expresó la conveniencia de «actuar con contundencia, duro y a la cabeza».
El conferenciante reclamó que jueces y fiscales ejerzan «de una vez» y de forma efectiva el control de la policía judicial, y recalcó la importancia de utilizar en las primeras fases de la investigación «todos los recursos a nuestro alcance». Manifestó su convencimiento de la necesidad de emplear una visión de conjunto a través del establecimiento de grupos de trabajo, fundamentalmente con la policía judicial, la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). También reivindicó la necesidad de favorecer la delación y a los colaboradores, pues el éxito de estos casos «se mide por el tanto por ciento de realidad» que aportan a las pesquisas.
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