Las propinas a costa de todos de Gerardo Camps

El traspié cometido por la organización juvenil del PP inculpando a su propio partido con el asunto bautizado por ellos mismos como 'Birragate' ha propiciado la aparición del 'Gerardogate', pero esta vez el nombre es cosa del partido socialista. Ayer, sobre las doce del mediodía, comparecía ante los medios el portavoz adjunto del PSPV en Les Corts José Muñoz para denunciar el uso que le dio el Consell popular a la caja fija, concretamente el del exvicepresidente y exconseller de Hacienda Gerardo Camps.

Según los socialistas, el diputado popular gastó 42.000 euros en comidas en restaurantes de lujo entre 2007 y 2011 que se cargaron a la caja fija de la Conselleria que encabezaba, de la Sociedad Proyectos Temáticos, que «prácticamente no se reunía», y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un total de 8.400 euros anuales. Sin embargo, como apuntó Muñoz, la cuantía total del despilfarro de dinero público en locales gastronómicos del anterior Consell asciende a más de medio millón de euros (553.000 para ser exactos).

La cantidad de facturas firmadas por Gerardo Camps (con un importe medio de 400 euros) podría ser mayor, puesto que el PSPV aún no ha podido analizar con detenimiento los más de mil recibos que tiene en su poder. El trabajo se le acumulará, ya que han solicitado información adicional sobre dispendios en materia de viajes y alojamientos del anterior gobierno valenciano.

El portavoz socialista afirmó que «si ya es una barbaridad» el importe total, el detalle de las facturas es «más indignante», ya que «en los peores años de la crisis» el PP vivía «a cuerpo de rey» a costa del dinero de los valencianos. Los tiques incluyen vinos de 30 euros la botella, botellas de agua de cinco euros y platos como solomillo de ternera, sashimi de entrecot o chop suei de atún, que según Muñoz demuestran que el «paladar gastronómico» de Camps «no se resintió» por la recesión.

El diputado del PSPV destacó que el exconseller «era capaz en un mismo año de repetir local hasta en 125 ocasiones» y que, «prácticamente todos los días», iba a comer por estos precios «desorbitados», algo que evidencia un uso «por lo menos poco ético» de los recursos públicos. En Blanqueries desconocen si los cargos de Camps a la caja fija son constitutivos de delito, pero se reservan «la opción de denunciar».

Además, Muñoz resaltó que el exconseller «tampoco escatimó en un concepto un poco ambiguo», denominado «sugerencias», en el que se incluían, por ejemplo, las propias propinas, que «también iban a cuenta» del erario público.

El PSPV insta al PPCV a decidir, ante la nueva convocatoria de elecciones generales, si quiere mantener a Gerardo Camps como representante público o bien apuesta por la regeneración y lo excluye de las candidaturas al Congreso.

Por otra parte, Javier Castelló, ex pareja de la que fuera directora de la Ciudad de la Luz desde agosto de 2009 a septiembre de 2011, Elsa Martínez, confesó a OK Diario que ésta cobró comisiones por adjudicar contratos públicos de los estudios de cine creados y gestionados por la Generalitat valenciana en Alicante.

Según el testimonio de Castelló, Martínez «mandaba a su chófer con el coche oficial a Madrid y Valencia a recoger sobres de comisiones.». En una de estas ocasiones, el chófer acudió a un hotel de Valencia a recoger un sobre con 20.000 euros.

Camps denunciará

La reacción de Gerardo Camps ante las acusaciones del partido socialista no se hizo esperar, ya que en la tarde de ayer anunció mediante un comunicado su intención de emprender acciones penales contra el PSPV por haber difundido informaciones a su juicio «inexactas, mendaces y torticeras». «Y justamente se producen -remarca- al tiempo de haber sido convocadas elecciones generales, con un único interés de desprestigiarme en mi condición de diputado nacional que ostenté hasta el pasado 3 de mayo».

«La autorización de los gastos tanto de la caja fija de la entonces Conselleria de Economía y Hacienda como de los contabilizados como gastos corrientes de la SPTCV SA y CAC SA no correspondía a quien ostentara la condición de conseller o presidente de las mismas. Y todos ellos fueron en su momento debidamente auditados e intervenidos», se defendió el exconseller.