El Rey no propone a ningún candidato tras la ronda de consultas

El Rey ha comunicado al presidente del Congreso, Patxi López, que tras reunirse con los líderes políticos, no va a proponer ningún candidato a la investidura al constatar que "no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios" para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza. La Casa del Rey ha facilitado una nota en la que explica que el Monarca ha evaluado "la información que le han trasladado los representantes designados por los grupos políticos" con representación parlamentaria a los que ha recibido entre ayer y hoy.

Remarca el comunicado que Felipe VI no propone a ningún candidato "a los efectos de los previsto en el artículo 99 de la Constitución", que en su apartado 5 prevé que el Rey "disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones" si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso.

De convocarse, las elecciones del 26 de junio serían las primeras convocadas por un Rey. Lo habitual hasta ahora ha sido que el jefe del Estado se limitara a refrendar la propuesta del presidente del Gobierno de disolución de las Cortes y la fecha de los comicios. Pero un jefe del Ejecutivo en funciones, como es Mariano Rajoy, no puede tomar esa iniciativa política, que quedaría en manos del Rey.

Etapa de «primeras veces»

Para llevarlo a cabo, Felipe VI se acogería al artículo 99.5 de la Constitución, que señala que si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, como ocurrió con Pedro Sánchez el 2 y 4 de marzo en el fallido debate de investidura, el Rey "disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso". En el decreto de disolución del Congreso y el Senado que se publicaría el 3 de mayo en el BOE se fijaría la fecha de las elecciones para 54 días después, es decir, el 26 de junio.

Hasta ahora, no había hecho falta recurrir a esta disposición constitucional y se aplicaba el artículo 115 de la Carta Magna, que determina que el presidente del Congreso, previa deliberación en el Consejo de Ministros, propone al Rey la disolución del Parlamento, decisión que se plasmará en un decreto firmado por el jefe del Estado. La Constitución también señala que no se podrá convocar elecciones generales si no ha transcurrido un año desde la celebración de las anteriores, salvo que se den las circunstancias que se han producido ahora.

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, Don Juan Carlos nunca se vio en esta tesitura. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero propusieron la convocatoria de elecciones cuando lo consideraron conveniente y el Rey se limitó a ratificar sin ningún tipo de debate la petición del jefe del Ejecutivo. Felipe VI hizo lo propio con Mariano Rajoy, cuando en octubre pasado planteó que los comicios legislativos se celebraran el 20 de diciembre.

Pero en esta etapa de «las primeras veces», en palabras del presidente del Congreso para definir esta atípica etapa, también es la primera ocasión en que se debe poner en práctica una disposición constitucional virgen. Ha sido la primera vez que el candidato del partido más votado no se presenta al debate de investidura; ha sido la primera vez que el aspirante a presidente fracasa en su intento de serlo; ha sido la primera vez que el Rey tiene que celebrar hasta tres rondas de consultas con los líderes políticos; y también ha sido la primera vez que el Gobierno está en funciones más de tres meses. No es, por tanto, extraño que Felipe VI pueda ser el primer Monarca que tome la iniciativa política de disolver el Parlamento.