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Mateo Balín
Viernes, 8 de abril 2016, 15:06
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar de 15 a 20 los investigados en la causa sobre supuestas comisiones y sobornos por contratos en el extranjero, entre los que figuran 11 personas físicas y nueve personas jurídicas. A todos ellos se les cita entre el 28 de abril y el 10 de mayo.
El exembajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, comparecerá en calidad de investigado el 6 de mayo. En el caso del diputado nacional Pedro Gómez de la Serna, el magistrado hace constar su especial condición de parlamentario en el Congreso de los Diputados, cualidad por la que goza de prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento especial.
El juez se basa en la doctrina del Tribunal Supremo que fija un nivel de exigencia a la hora de enviar una exposición razonada ante el alto tribunal. Para conjugar esa exigencia de agotar la instrucción y garantizar el derecho de defensa, De la Mata recuerda que se introdujo el artículo 118 bis de la Lecrim para dar la oportunidad a la persona querellada de ejercitar todos los derechos que le confiere la ley, incluida la posibilidad de prestar declaración voluntaria.
En virtud de este artículo, el juez pregunta a Gómez de la Serna para que manifieste si quiere voluntariamente prestar declaración en el juzgado el próximo 10 de mayo. Algo similar ocurrió con la senadora Rita Barberá en el 'caso Imelsa' que se sigue en un juzgado de Valencia.
Obras en Argelia
En esta causa se investigan delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales (art. 445 del Código Penal), cohecho (art. 419 y siguientes), blanqueo de capitales (art. 301 y siguientes) y organización o grupo criminal (art. 570 bis y siguientes).
Los hechos por los que se amplía la querella y las personas investigadas guardan relación con pagos a funcionarios públicos de Argelia relacionados con un contrato de obra para instalar una estación desaladora en Souk Tleta y una obra del tranvía en la ciudad de Ourgla. Los nuevos investigados en el procedimiento eran administradores de sociedades que aparecen implicadas en estas operaciones.
Las pesquisas se han ampliado después de que la Policía Nacional hiciera cuatro registros ayer en domicilios, despachos y asesorías fiscales de Pamplona.
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