Las Provincias

Los pilares de Taula

Novo, en su comparecencia flanqueado por Beatriz Simón y Cristóbal Grau.
Novo, en su comparecencia flanqueado por Beatriz Simón y Cristóbal Grau. / IRENE MARSILLA
  • La acción de los concejales y asesores encajaría en un blanqueo imprudente, penado con hasta dos años de cárcel

Blanquear 50.000 euros a través de aportaciones de 1.000 euros de cargos públicos del PP que posteriormente eran reintegradas en billetes de 500 euros. Hace un año, esta idea hubiera servido como germen de un relato de ficción quizá aprovechable para una miniserie de televisión. La realidad es más dramática. La historia ocupa tres tomos de un sumario en el que se mantienen imputados medio centenar de concejales y asesores populares, el PP como partido. Y ahora el Tribunal Supremo investigará a Rita Barberá.

Anticorrupción cuenta con un ramillete de indicios que sostienen los pilares de su acusación. Por un lado, los testigos. Cuatro personas, del núcleo más próximo al exvicealcalde Alfonso Grau, que se negaron a participar en la trama. Las defensas no dudarán en contrarrestar esta versión tras revelar los audios la enemistad entre Grau y Barberá a raíz del caso Nóos y el puesto en las listas de su mujer María José Alcón. ¿Tenían intereses en una declaración en este sentido y más cuando conocían que no iban a ser renovados?.

Más puntos para la Fiscalía. Los pinchazos telefónicos a la exconcejal Alcón. Las grabaciones muestran un amplio catálogo de miserias humanas. Confiesa el blanqueo, de manera muy ilustrativa y pedagógica mientras responde a las preguntas que le va planteando su hijo. Lo hace a las 24 horas de tener el teléfono pinchado, en la primera conversación que recoge la Guardia Civil. Al parecer, se encontraba interna en un centro por sus problemas de salud. Estas dos últimas circunstancias no han pasado desapercibidas para los letrados de los investigados. Barberá ya lanzó el dardo: «No sé si la conversación estaba preparada».

Otro asunto son los arrepentidos. La mayoría de los investigados se han negado a declarar. La fiscalía considera especialmente significativo el silencio de Alfonso Novo y el de la secretaria Maria Carmen García-Fuster. Sólo dos de los 50 cargos bajo sospecha admitieron que participaron en el blanqueo. Además de la propia Alcón, Elena Rodrigo, asesora de prensa, reconoció que García Fuster le dio el dinero en un despacho pese a la negativa de esta, que terminó aceptándolo. Tras hablarlo precisamente con una de las testigos, decidió devolver el dinero. La cajera lo rechazó y le dijo que todo era legal.

El rastro de las cuentas es otro de los apuntes claramente favorables a los investigadores. Ingresos en efectivo de cantidades similares a la donación con posterioridad, pero también en los días previos a la aportación. Una de las hipótesis apunta a que la secretaria del PP pudo adelantar el dinero en aquellas economías domésticas que no permitían estas licencias.

También los antecedentes se acumulan en contra de los investigados y la supuesta cabecilla de la red, Mari Carmen García-Fuster. Nunca antes se había solicitado esta medida extraordinaria. Ni siquiera en los comicios en los que el gasto fue notablemente superior -casi el doble en 2011- que la campaña del pasado año.

Todo lo anterior -y obviamente el hecho de que Barberá también colaborara en la donación con un cheque de 1.000 euros- ha llevado al fiscal a solicitar al juez que lleve la causa al Supremo, el único órgano que puede investigar directamente a la aforada. El instructor admite que existen estos indicios, pero en el auto de esta semana frenaba las intenciones del ministerio público. Lo consideraba precipitado. Cree que la investigación no está «agotada». Incluso le ofreció la posibilidad de que la exalcaldesa acuda al juzgado a prestar declaración. No sería un interrogatorio. Daría su versión -incluso podría hacerlo por escrito- sin la inquisición del fiscal. Algo así como una rueda de prensa sin preguntas. Además, el instructor ha citado de nuevo a cuatro de los principales investigados (Novo y García-Fuster) por si quieren ahora, una vez conocen el sumario, defenderse de los indicios en su contra.

Una cuestión pendiente

El juez, tras practicar todo lo anterior, decidirá. Podría enviar todo el asunto al Supremo o sólo la parte de la aforada, como pide el fiscal. El alto tribunal no necesariamente tendría que pedir entonces el suplicatorio -el permiso al Senado para investigar directamenta a la exalcaldesa- sino que podría continuar con la instrucción en el caso de que apreciara que algunas cuestiones permanecen todavía sin aclarar . Algo similar ocurrió con el caso Campeón que implicaba al exministro socialista José Blanco en el cobro de comisiones y tráfico de influencias. Se investigó y el instructor pidió el suplicatorio. Pero la Sala de lo Penal optó por el archivo.

Las defensas también aprecian otras deficiencias en las pesquisas. Anticorrupción da por hecho que el dinero blanqueado (50.000 euros) proviene de un origen delictivo. Un cohecho, como hipótesis más probable. Pero esa procedencia no está acreditada en la causa cuyo secreto se acaba de levantar. La investigación es únicamente por blanqueo. Esto no sería un problema según la reciente doctrina del Supremo, que permitía juzgar ambas cuestiones por separado. Sin embargo, la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acuerda hacerlo de manera conjunta salvo que la causa se alargue en exceso.

Lo anterior tendría otra derivada. Las mismas fuentes apuntan a que no sería posible la máxima petición de pena (hasta seis años ) para los supuestos cabecillas -quizá Fuster- al no poder probarse que el dinero procediera de una actividad delictiva. Los concejales, en teoría, se enfrentarían a la mínima pena (de seis meses a dos años). De las pesquisas se desprende que su conducta encajaría en lo que se conoce como blanqueo imprudente. No respetaron las mínimas normas de cuidado exigibles ante la sospechosa propuesta. Pero desconocían el supuesto origen ilegal del dinero e incluso que con su acción contribuyeran a la perpetración del delito.