Las Provincias

El Partido Popular, imputado por blanqueo en la Operación Taula

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia. / DAMIÁN TORRES
  • El titular del juzgado de Instrucción 18 cita el 8 de abril de nuevo a los investigados Novo, Alcón, García Fuster y su secretaria, Pi, por su proximidad al dinero supuestamente ilícito

El juez del Caso Imelsa ha levantado parcialmente el secreto de sumario del caso Imelsa y ha imputado al Partido Popular por el supuesto blanqueo en Valencia, al tiempo que ha citado de nuevo a cuatro investigados por su proximidad al dinero supuestamente ilícito. Los cuatro citados son el concejal Alfonso Novo, la exconcejal María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster y su secretaria, María José Pi, que acudirán de nuevo a declarar el 8 de abril tras negarse a hacerlo en su primera citación. El juez pide un informe al fiscal sobre la procedencia de declarar la complejidad de la causa y ampliar la investigación.

Además, el juez ofrece declarar a la exalcaldesa Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa por blanqueo. Igualmente ofrece declarar al diputado autonómico Miguel Domínguez antes de decidir si eleva al TSJCV la causa por blanqueo, en la que están investigados (imputados) medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del partido.. El juez prorroga un mes más el secreto de la pieza principal hasta el 14 de abril y alza el de la pieza separada de blanqueo.

Según el fiscal, "existen indicios suficientes de la participación" de Rita Barberá y del diputado autonómico y exconcejal Miguel Domínguez en la comisión del delito de blanqueo. En el auto notificado hoy, el instructor explica que los escritos presentados por el fiscal "contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente dicha petición".

Dos tipos de aforamientos

Se da la particularidad de que en la causa conviven estos dos tipos de aforamientos, ante el Supremo en el caso de Rita Barberá por ser senadora, y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el caso de Domínguez por ser diputado autonómico.

Por otra parte, el juez ha pedido un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la conveniencia de declarar la complejidad de la causa y ampliar así la investigación de 6 a 18 meses la investigación de la pieza separada.

Sobre el ofrecimiento para que los dos aforados, Barberá y Domínguez, puedan ser oídos voluntariamente en relación a unos hechos por los que podrían resultar imputados, el juez ha aludido a doctrina del Supremo según la cual "deben depurarse en el Juzgado de Instrucción de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos".

El Alto Tribunal exige que "cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, se individualice no solo la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación"

"De ahí que para que proceda declarar su competencia sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada", según recoge el auto.

De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, la senadora y el diputado autonómico comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones.

Plazo de 20 días

El juez les otorga un plazo de veinte días para declarar si lo desean y ha puntualizado que no serán interrogados.

Alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos.

Esta declaración voluntaria no implicaría proceder alguno del órgano judicial contra ellos, sino que se trataría de un trámite que "que persigue garantizar su derecho de defensa", que se adoptaría antes de "decidir sobre la petición interesada por el fiscal".

Además, el juez ha dictado una providencia en la que pide al PP que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por el mismo delito de blanqueo de capitales.

15 tomos y 4.500 folios de instrucción

La causa consta en total de quince tomos (unos 4.500 folios) y la documentación incautada en los registros está clasificada en diez piezas documentales, integradas cada una de ellas por varios tomos.