El juez del caso ERE cita a declarar a Chaves y Griñán como investigados el día 16 de marzo

El juez de apoyo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha citado para declarar el próximo 16 de marzo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de investigados dentro del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2012 por importe de 851 millones de euros. Ambos expresidentes, que ya prestaron declaración ante el Tribunal Supremo la pasada primavera, son considerados responsables últimos de poner en marcha el procedimiento, considerado irregular, para dar ayudas que permitió la existencia de irregularidades, hechos que podrían ser constitutivos de una prevaricación administrativa, según tipificó el TS.

La declaración de ambos exmandatarios había sido solicitada por la Fiscalía con la intención de incorporarlos a la causa que se sigue en el juzgado de instrucción, dado que al ser anteriormente aforados por su condición de miembros de las Cortes Generales esa parte de las diligencias se había tramitado en un tribunal superior. Por este motivo, tanto Chaves como Griñán acudirán ahora al juzgado 6 y previsiblemente se ratificarán en su declaración anterior. En el auto de citación el juez indica que estas comparecencias se acuerdan para garantizar el derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso.

Junto a ellos, el juez Álvaro Martín ha citado también al exconsejero de ·Empleo José Antonio Viera, al que el TS acusó además de malversación por la concesión de ayudas millonarias a empresarios con cierta afinidad política. Asimismo, el día 30 de marzo comparecerán los otros ex miembros del consejo de Gobierno que también están implicados en el caso, como los exconsejeros autonómicos Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila Cano y Gaspar Zarrías Arévalo.

Todos ellos están siendo investigados en la pieza denominada del procedimiento específico, en la que están encausados hasta 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. La anterior juez instructora Mercedes Alaya consideró que las ayudas sociales y sociolaborales debían haberse tramitado como subvenciones excepcionales, reprochando que la Junta instaurase mediante un convenio marco firmado en 2001 por Viera el denominado sistema de transferencias de financiación. Esta fórmula, empleada habitualmente por empresas públicas para compensar sus cuentas, permitía que los pagos fueran realizados por dichos entes y no directamente por Consejería de Empleo, facilitando la ausencia de controles de fiscalización.