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Alfonso Rus, flanqueado por Carlos Turró (Cleop) e Isidro Prieto en la Plaza de Toros de Valencia en 2010. :: LP
Prieto concedió obras millonarias desde  la Diputación a las empresas de la trama

Prieto concedió obras millonarias desde la Diputación a las empresas de la trama

Cleop obtuvo la reforma de la Plaza de Toros de Valencia y otras constructoras del caso despuntaron en obra pública al asumir el diputado las carreteras

ÁLVARO MOHORTE

Miércoles, 10 de febrero 2016, 20:55

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Las empresas cuyos contratos están siendo investigados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) en el caso Taula figuran en múltiples contratos y adjudicaciones firmadas desde la Diputación de Valencia por Isidro Prieto tanto cuando estaba al frente de Asuntos Taurinos y como también en Carreteras a partir de 2012.

Una de las más significativas fue la adjudicación de la rehabilitación y mejora del interior de la Plaza de Toros de Valencia a la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop), cuyo presidente Carlos Turró y su entonces consejero-director general, Alejandro Serra, fueron detenidos en la megarrredada del pasado 23 de febrero. La obra del coso de la calle Xàtiva, que se realizó entre abril y marzo de 2010, significó un desembolso público de 1,7 millones de euros.

Casi en las mismas fechas la empresa ejecutaba por encargo de la Diputación la ordenación de los accesos y mejoras de la seguridad vial de la carretera Venta del Poyo a Buñol y Godelleta por 669.316,09 euros y obras de distinta envergadura en municipios de diputados provinciales, especialmente en Valencia, donde también explotaba la grúa municipal a través de su filial Servicleop. Sin embargo, la declaración del concurso de acreedores por parte de la empresa en 2012 le apartó de la carrera por las adjudicaciones, como establece el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 60, 1º b.

Sin embargo, otras firmas también investigadas tomaron su relevo. Un caso significativo es el impulso que experimentó la actividad en obra pública de la firma Construcciones Francés, centrada en la edificación de inmuebles y que con Isidro Prieto recibe algunas de las obras más importante de la entidad provincial.

Fuentes del sector constructor destacan el caso de esta empresa, cuyo máximo responsable, Vicente Francés, fue también detenido junto al resto de acusados por la trama. Hasta el desembarco de estos contratos se dedicaba de forma fundamental a la construcción de inmuebles de tipo residencial, principalmente de alta gama. Sin embargo, en un periodo de tiempo en el que la licitación de obra pública se situó en mínimos históricos y un buen número de empresas de obra pública se veían precipitadas al concurso de acreedores, la compañía se llevó dos de las piezas más codiciadas de los últimos años que se convocaron desde la Diputación provincial valenciana.

De hecho, la propia firma hace gala en su página web únicamente de dos adjudicaciones de dos únicos tramos de carretera con presupuestos millonarios, a los que acompaña de un amplio despliegue gráfico: los dos de la Diputación de Valencia, concedidos durante el periodo en el que Isidro Prieto ocupó esta responsabilidad.

Se trata de los trabajos en la carretera de Sumacàrcer, que se concedió a la empresa investigada por 3,5 millones de euros y fueron ejecutados en 2013. Este montante de la inversión pública estaba justificado por incluir la ampliación de la plataforma de la vía (CV-560) a su paso por la localidad, el refuerzo del firme, la creación de caminos de servicio creados para la unificación de accesos, la ampliación de 10 pontones, la realización de una nueva estructura y la restitución de los servicios existentes que se vieran afectados por las obras del proyecto.

El otro proyecto que desde la compañía de Vicente Francés se hace gala es el de la carretera de Casinos, adjudicada en octubre de 2013 y concluida en 2014, por 1,4 millones de euros. Concretamente consistió en la realización de labores de acondicionamiento y refuerzo del tramo CV-380 que va de la Rambla Castellana hasta la CV-35.

También tuvo un relevante impulso hacia la gran obra pública la constructora de Javier Marchesí, Clásica Urbana. Hasta hace un par de años, había hecho trabajos puntuales como el adoquinado de la calle Caballeros de Valencia, pabellones deportivos o pistas de pádel para complejos municipales, como ocurrió en Riba-roja (donde el actual equipo de gobierno asegura que se pagó el doble de lo que costaba por medio de subvenciones de la Diputación). Sin embargo, en febrero de 2015 obtiene la construcción del barranco de La Font del Salser, en el polígono industrial El Racó, del término municipal de Corbera por 562.139,74 euros.

Adjudicaciones a Luján

Más discretas fueron las adjudicaciones a otra de las empresas investigadas, Construcciones Luján, que en 2010 obtuvo obras como la glorieta de acceso a Godella y la CV-310 o la mejora de la seguridad vial en la CV-32 en su conexión con la N-121 y la CV-300 que unen Massamagrell y Gombalda, ambas antes de que Prieto cogiera esa cartera. En todo caso, sería en Imelsa de donde consiguió un lucrativo contrato en 2009: 3,8 millones de euros destinados a la instalación de césped artificial en los campos de fútbol de Alzira, Burjassot o Moncada.

Las 24 detenciones de la operación Taula se dividieron mayoritariamente entre políticos y empresarios. Una de las cuestiones que los investigadores analizan con detalle es el amaño de contratos a cambio de adjudicaciones. El sistema sólo puede mantenerse con la supuesta connivencia de los empresarios. Los dirigentes de las empresas Engloba, dos responsables de Cleop, los presidentes de Construcciones Luján, Francés, Clásica Urbana y hasta 11 empresarios fueron detenidos por el supuesto pago de mordidas. Algunas fuentes apuntan a que las autoridades cobraban entre el 3% y el 5% del presupuesto de la actuación como comisión.

En la operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrollada por la Fiscalía y Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se llevaron a cabo 34 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

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