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Paco Moreno
Lunes, 8 de febrero 2016, 09:41
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Los seis concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia que hoy han acudido a declarar como investigados (término que sustituye al de imputados en la actual legislación) mantienen esa misma condición a la salida del juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.
Todos ellos están investigados por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del conocido como caso Imelsa, que tiene su origen en una supuesta trama corrupta que cobraba comisiones en la adjudicación de contratos públicos desde varias administraciones.
Los concejales que hoy han declarado en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia son Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Félix Crespo, además de dos asesores.
De este grupo de ocho personas, dos se han negado a declarar, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Vicente Igual, a las 9.18 horas de la mañana, y su compañera en el grupo municipal popular, Beatriz Simón, han sido los primeros en llegar, por separado, a declarar esta mañana en la Ciudad de la Justicia por la presunta trama de blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia. Posteriormente ha sido el turno de dos asesores y de los ediles Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Féliz Crespo.
Ninguno ha querido hacer declaraciones a la prensa antes de pasar por el juzgado de instrucción número 18, que investiga la llamada 'Operación Taula', donde se solapa la presunta red de cobro de comisiones y amaño de contratos en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa con la presunta corrupción que afecta a 14 concejales y 30 asesores del PP de la capital valenciana.
Igual ha eludido cualquier respuesta, mientras que Simón ha asegurado que ella ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre este asunto. Los concejales y asesores imputados han reconocido que aportaron 1.000 euros cada uno a la última campaña municipal de Rita Barberá aunque han negado que luego se les hiciera la devolución en metálico para blanquear fondos del grupo municipal.
La excepción a esto último ha sido de momento María José Alcón, exconcejala y exasesora en distintas etapas en el Ayuntamiento, quien ayer confirmó a LAS PROVINCIAS que la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, le obligó a aceptar 1.000 euros en dinero de origen incierto para que los ingresara en una cuenta como aportación propia a la campaña.
Alcón, imputada en este caso por este motivo y también por grabaciones con Marcos Benavent, el presunto cerebro de la trama en Imelsa, aseguró que García Fuster le ordenó aceptar el dinero negro si quería formar parte de la candidatura de Barberá, donde fue en el puesto 16 y no salió elegida.
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