Ciegsa acumuló un sobrecoste de 167 millones tras el paso de Caturla

valencia. La sede de la empresa pública Ciegsa, en las inmediaciones del Pont de Fusta, fue otro de los escenarios de la operación. Una decena de agentes de la Guardia Civil acudieron con la orden judicial bajo el brazo y con el objetivo de obtener todas las pruebas posibles de los «presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales», tal y como explicó el secretario autonómico Miguel Soler, que se tuvo que desplazar a la sede tras ser informado y en condición de delegado de la entidad. Tras el desalojo de los trabajadores y las órdenes pertinentes para colaborar con la justicia, se iniciaron las pesquisas.

En realidad da la sensación de que no se ha investigado Ciegsa como consecuencia de su actividad global sino debido al paso de Máximo Caturla por la entidad, donde aterrizó en 2003 como consejero en su condición de secretario autonómico de Educación. Hasta su cese en 2007 -también fue gerente durante varios años- se produjeron las mayores desviaciones en los precios de las obras, que en algunos casos llegaron a superar el 100% respecto al previsto inicialmente. De los 309,8 millones de sobrecostes contabilizados entre 2001 y 2012, según el informe de la Intervención General dado a conocer la pasada semana, 167,3 se corresponden con este periodo (2003-2007). Es la diferencia entre el montante total de las adjudicaciones realizadas y el coste final de las actuaciones, es decir, lo que se pagó. Y no se puede olvidar que la principal línea que se investiga son las irregularidades en los contratos de obra pública.

La idea de que el objeto del registro era Caturla y no tanto Ciegsa se sustenta en que la orden judicial incluía expresamente su nombre y apellidos. Según Soler, se buscaba información «a partir de 2003», lo que obligó a desempolvar los servidores informáticos que guardaban la información más antigua. Se rastrearon sus correos electrónicos oficiales, los privados e incluso los eliminados o los que no pasaron de la fase de borrador.

El documento de la Intervención adquirió un destacado protagonismo durante la mañana. Lógicamente no desencadenó la investigación al ser muy reciente, pero sí servirá para dar pistas y facilitar la tarea investigadora. El actual secretario autonómico explicó que los agentes le solicitaron una copia del informe, que fue entregada. «Se nos ha pedido como documentación complementaria para analizar si había algún dato del que pudiera derivarse alguna actuación. Por ese motivo además mañana -por hoy- lo van a presentar el conseller de Educación y el de Hacienda en la Fiscalía tal y como aprobó el pleno del Consell», añadió Soler.

El documento técnico incluye conclusiones demoledoras. Desde la ineficiencia en algunas actuaciones de Ciegsa (las hay un 39% más caras que otras similares impulsadas desde la conselleria), hasta prácticas irregulares como la limitación de las bajas económicas, alteraciones de las condiciones de licitación o el abuso de procedimientos negociados sin publicidad. También llama la atención sobre la renuncia de la conselleria a realizar las labores de supervisión y control preceptivas en las actuaciones realizadas.