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El Síndic ve falta de diligencia en Cacsa y lleva un contrato al Tribunal de Cuentas

El Síndic ve falta de diligencia en Cacsa y lleva un contrato al Tribunal de Cuentas

La empresa pagó un convenio de consultoría sobre su externalización y no rebajó el coste pese a no incluirse todos los servicios que se pedían

J. C. F.

Lunes, 28 de diciembre 2015, 23:35

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Cacsa se convirtió ayer, a su pesar, en una de las empresas públicas protagonista del informe de la Sindicatura de Comptes sobre el ejercicio de 2014. El máximo responsable de la institución, Rafael Vicente Queralt, anunció que ha trasladado al Tribunal de Cuentas los indicios de «irregularidad» advertidos en la tramitación de un contrato de Cacsa con una consultoría para la externalización de los servicios del complejo, por valor de unos 10.500 euros. No sólo eso, en otro apartado del informe, la Sindicatura detecta la falta de diligencia, por parte de los órganos responsables de Cacsa, al no haber actuado antes frente al operador del Oceanogràfic, Parques Reunidos, por el incumplimiento del contrato suscrito por ambos en 2002.

El Síndic Major explicó ayer que su institución notificará a la fiscalía del Tribunal de Cuentas la posible existencia de pagos realizados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) sobre los servicios de consultoría para la externalización del complejo «sin haber recibido en su totalidad la prestación correspondiente», informa Efe.

La Sindicatura detecta «una anomalía» o «salvedad importante» referida al contrato de servicios de consultoría para la definición de las condiciones de externalización del complejo.

Según el informe, en junio de 2014 se dieron por concluidos los trabajos objeto de ese contrato, suscrito en noviembre de 2012, así como los servicios de apoyo durante la licitación y redacción del contrato, y se determinó el pago del importe pendiente, por valor de 10.500 euros, IVA excluido.

Pese a que el contrato indicaba que Cacsa debía determinar que la prestación del servicio se había hecho con conformidad, y que el pago de los 10.500 euros se haría tras la firma del acta de conformidad, dicha acta no consta en el expediente. Además, el documento de conclusión de los trabajos señala que los servicios de apoyo a Cacsa durante la licitación y redacción del contrato de externalización «no han sido prestados por retrasos debidos a requerimientos de Cacsa que no han podido ser asumidos por el contratista».

Adicionalmente, señala la Sindicatura, el 2 de julio de 2014 Cacsa formalizó con la misma empresa un contrato «indebidamente calificado de servicios complementarios», por el 50% del contrato anterior, para definir las condiciones de externalización adaptadas a las indicaciones de la dirección general de Patrimonio. En ese contrato se excluyen expresamente los servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato de externalización, que formaban parte de las necesidades planteadas por Cacsa en el proceso negociador, sin que esa reducción de las actuaciones objeto de contrato hayan supuesto una reducción del precio.

La Sindicatura expone que el 26 de febrero de 2015 se satisface el pago del importe del contrato, por 21.000 euros más IVA, unos hechos en los que la institución aprecia indicios de responsabilidad contable, porque «cuando se formalizó esta nueva contratación, en fecha 2 de julio de 2014, no se incluyeron todas las prestaciones que se contemplaban en la propuesta efectuada por Cacsa a la adjudicataria, sin que esta circunstancia determinara que se rebajara el precio contractual en la parte correspondiente».

El informe de la Sindicatura, que cifra en 1.067 millones de euros el coste, a 31 de diciembre de 2014, de los diferentes edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, también dedica otro apartado a la demanda interpuesta el 30 de julio de 2014 por la operadora del Oceanogràfic, Parques Reunidos, contra Cacsa, relativa a la compensación de créditos entre ambas firmas para resolver sus deudas recíprocas. El 18 de febrero de 2015, Cacsa contesta a la demanda interpuesta con un escrito en el que atribuye al operador una deuda de 40,3 millones, de los que 6,8 corresponden al inadecuado mantenimiento de las instalaciones desde 2003, y otros 33,5 al lucro cesante derivado del incumplimiento contractual por parte del operador de aportar tres orcas a pagar por Cacsa. con un coste estimado de 7.861.328 euros.

El Síndic concluye que Cacsa era conocedor del deterioro de las instalaciones y de los incumplimientos contractuales por parte del operador «desde prácticamente el inicio de la vigencia del contrato, por lo que teniendo en cuenta el periodo transcurrido hasta la contestación de la demanda interpuesta por el contratista y consiguiente reconvención, se aprecia una falta de diligencia, por parte de los órganos responsables de la Sociedad».

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