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Marta Hortelano
Martes, 1 de diciembre 2015, 12:31
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La urgencia que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, alegó el pasado viernes para justificar la presentación de una enmienda a la Ley de Acompañamiento que permitiera colocar a docentes como altos cargos de la Conselleria de Agricultura, ya no es tal. Las prisas parecen haber desaparecido del Consell, ya que el texto por el que se modificaba el articulado de la Ley de Función Pública, presentado por Compromís y suscrito por PSPV y Podemos, será retirado.
Así lo han confirmado fuentes de los grupos parlamentarios, que aseguraron que la Conselleria de Agricultura, la beneficiaria del acuerdo, había dado orden de dar marcha atrás. Lo cierto es que el texto había levantado un gran revuelo entre las organizaciones sindicales, y había destapado una nueva guerra entre consellerias, en la que la de Justicia y Administraciones Públicas, (de la que dependen los funcionarios), salía de nuevo mal parada.
Según fuentes conocedoras del proceso, si bien el germen de la enmienda era el de habilitar a docentes para que de manera transitoria pudieran ocupar las direcciones de los doce parque naturales de la Comunitat. Sin embargo, se aprovechó la enmienda para colar los puestos de subdirectores generales y jefes de servicio para que también pudieran ser ocupados por profesores. Un punto que dejaba fuera de efecto la explicación de la vicepresidenta Oltra de que corría prisa para nombrar a los directores de los parques y por eso se iba a echar mano de los docentes.
En cualquier caso, los sindicatos no tardaron en levantarse en armas contra las intenciones de Compromís, aprobadas por los otros dos grupos que dan apoyo parlamentario al Consell. La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT acusó a Compromís de convertir la Función Pública Valenciana "en un nicho de clientelismo del nuevo gobierno progresista". En concreto, el sindicato alertó de que la medida era "sólo el principio, porque una vez abierta la espita", lo mismo valdría para el resto de consellerias.
Para la FSP, no era "casualidad porque de todos es sabido que la canteara para proveer personal de confianza en Compromís viene exclusivamente del personal docente". De hecho, se afeaba que se hubiera saltado la negociación con los sindicatos para cambiar la ley. Algo que la propia Oltra justificó en la urgencia.
En la misma línea, Intersindical acusó al nuevo Gobierno autonómico de utilizar "una solución pésima" para clasificar puestos de trabajo abiertos a la provisión por docentes. "Clasificarlos mediante la ley es una técnica pésima. Si lo hace todo la ley, ¿para qué tenemos una Administración?. Pongamos a un robot o a un cajero automático en lugar de personal funcionario".
Pugna entre consellerías
Pero la pugna de los sindicatos con el Consell acabó por destapar otra lucha soterrada entre consellerias, con Justicia y Administración Pública y Agricultura y Medio Ambiente como áreas protagonistas. La segunda era el departamento beneficiado con el cambio de ley, en manos de Compromís, que podía colocar a profesores, el principal granero de influencia de la coalición, como altos funcionarios de la Conselleria. Sin embargo, el departamento que dirige Gabriela Bravo (propuesta por el PSPV) aseguró a los sindicatos que no sólo estaba en contra de ese cambio de la Ley de Función Pública, sino que su departamento había elaborado un documento jurídico que informaba negativamente de las consecuencias del cambio en la norma que abordaba la enmienda. Sin embargo, no sólo no existe tal informe, tal y como se anunció a los sindicatos, sino que tampoco hay constancia de que la Abogacía de la Generalitat haya tomado cartas en el asunto.
Fuentes de UGT han reconocida que Bravo se había comprometido a que la enmienda no se aprobaría (aunque Les Corts son soberanas en materia legislativa). Tanto es así que la organización sindical emitió un comunicado loando la gestión de la consellera. "El sentido común y el buen hacer de la consellera Bravo ha primado frente a los intereses personales y partidistas de algún alto cargo de la Conselleria de Agricultura que pretendía quedarse como funcionario en la Generalitat, siendo docente y sin pasar oposición alguna para ello". Lo cierto es que Bravo ha ganado el pulso, pero después de ser desautorizada por enésima vez.
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