El déficit de la Comunitat llega al 1,48%, más del doble del límite fijado para todo el año

valencia. El desequilibrio entre ingresos y gastos presupuestarios de la administración autonómica superó el pasado mes de septiembre los 1.500 millones de euros. Así lo revela el informe de la Intervención General hecho público ayer por el ministerio de Hacienda, que sitúa el déficit de la Comunitat Valenciana en el 1,48% de su PIB, con tres meses por delante para cerrar el ejercicio presupuestario. El dato es revelador porque supone doblar el límite de déficit que el ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas pactaron para 2015, y que se fijó en el 0,7%. La Comunitat Valenciana ya superó ese porcentaje el pasado mes de mayo. Y desde entonces no ha dejado de crecer. En agosto, el déficit se quedó en el 1,28%.

El dato del pasado mes de septiembre de 2015, el último conocido, es además peor que los de 2014 y 2013. Hace doce meses, el déficit de la Comunitat se quedó en el 1,31%. Y hace dos años, en el 0,8%.

En millones de euros, ese 1,48% del PIB de diferencia entre gastos e ingresos significa 1.502 millones de euros, 200 millones más que justo un mes antes. El desequilibrio entre ingresos y gastos a estas alturas del año dobla el que arrastraban las cuentas de la Comunitat hace sólo dos años -743 millones de euros-. Las cifras dejan entrever que la batalla contra el déficit y el desequilibrio presupuestario no están dando resultado, a pesar de las advertencias remitidas por el ministerio de Hacienda, que acaba de enviar una carta al Gobierno valenciano instándole a cumplir con sus compromisos y a aprobar las medidas necesarias para corregir el desequilibrio en sus cuentas.

El titular de Hacienda, Vicent Soler, ha admitido en alguna ocasión que no espera cerrar el año con un déficit por debajo del 2,2%. Fuentes de ese departamento remarcaron ayer que el déficit que dejó el Gobierno de Alberto Fabra el pasado mes de junio ya ascendía al 1,37% -un desequilibrio de 1.391 millones de euros- y atribuyeron estos datos a la falta de voluntad del Gobierno de Rajoy para acelerar la reforma del sistema de financiación.