Las Provincias

1.800 millones hundidos en el mar

La planta del proyecto Castor frente a las costas castellonenses.
La planta del proyecto Castor frente a las costas castellonenses. / GUSTAU NACARINO / Las Provincias
  • El coordinador del Instituto Geológico y Minero abre hoy en Vinaròs la ronda de declaraciones de los 18 imputados en el caso Castor

  • El 20 y el 22 de octubre se sentarán ante el juez otros dos representantes del IGME por su intervención en el informe que validó la planta de gas que provocó, presuntamente, 500 seísmos en la costa norte de la Comunitat

El tema bien podría dar para un juego de cifras: 18 imputados –que desde hoy empiezan a declarar ante el juez- por un proyecto fallido de 1.800 millones de euros enterrado y oxidado, literalmente, en el fondo del mar.

Aunque puede que este baile de números despierte pocas risas entre los vecinos de Vinaròs, más que nada por los 500 (micro)seísmos –alguno de 4,2 grados en la escala Richter y percibidos incluso en Valencia- que sufrieron en primera persona en septiembre de 2013 a raíz, presuntamente, de la inyección de gas en el almacén subterráneo Castor. El macroproyecto de Escal UGS vendido en 2009 como un auténtico ‘maná’ para la comarca –y para una provincia sumida entonces en la cresta de la crisis- se ubica a 22 kilómetros de la costa norte de la Comunitat y a 1.700 metros de profundidad. Paralizado tras la oleada sísmica, actualmente está en hibernación.

500 temblores y diez meses después de la denuncia de la Fiscalía y de la apertura de diligencias por el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs para investigar las presuntas irregularidades en la concesión del proyecto gasístico y su relación con los movimientos sísmicos sucedidos en apenas un mes, se inicia la toma de declaraciones a los 18 imputados. “La justicia es lenta para los ciudadanos, que seremos quienes paguemos todo esto”, avanza Sebastià Fabregat, secretario de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, una de las más activas en las movilizaciones contra la planta. Se refiere a cómo revertirán en los contribuyentes, vía factura energética, la indemnización abonada a la impulsora del almacén por su cierre o los costes por su hibernación. Un montante –a repartir- que la Organización de Consumidores y Usuarios estima en 4.700 millones de euros.

Los 18 imputados son directivos de la empresa promotora y técnicos, funcionarios o altos cargos –hay varios directores generales- de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) acusados de supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Se trata de la propia Escal UGS –participada al 66,7% por ACS, presidida por Florentino Pérez- y de los ocho miembros del consejo de administración de la firma, encabezados por su presidente, Recaredo del Potro. Se suman otros cinco responsables ministeriales que intervinieron en el informe encargado al IGME y que validó la viabilidad técnica del proyecto en enero de 2007, entre ellos el promotor del texto, Jorge Sanz Oliva, ex director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009 con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sanz está imputado también, junto a otras cuatro personas, por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del proyecto, según recoge el auto de apertura de diligencias previas del 26 de enero de 2015.

Los tres primeros imputados se sientan desde hoy y hasta el 22 de octubre en el banquillo. Lo hacen ante el juez Víctor Capilla, que aterrizó en el juzgado vinarocense con la instrucción iniciada y se hace cargo de la investigación tras haber sorteado algunas vicisitudes, como la de que Escal UGS y la Abogacía del Estado pidieran que el caso se instruyera en Madrid, al considerar que fue allí donde se cometieron los delitos denunciados por la Fiscalía y al indicar que el magistrado no era competente.

Jesús Gómez de las Heras, coordinador del Instituto Geológico y Minero, comparece hoy lunes a las 9.30. El martes a la misma hora lo hará José Antonio Fernández Sánchez, el director de Recursos Minerales y Geoambiente del IGME, y Roberto Rodríguez Fernández, el director de Geología y Geofísica del Instituto, cerrará la ronda el jueves 22. Una ronda de comparecencias que, de momento, no tiene señaladas nuevas fechas.

El inicio del juicio no pasa desapercibido. La Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia, una de las más beligerantes contra el Castor, ha convocado vía redes sociales una concentración hoy a las nueve de la mañana frente a los juzgados de Vinaròs bajo el lema No pagaremos su fracaso.

Expectación también por lo que pueda pasar a partir de ahora es lo que se vive en las filas de otro colectivo vecinal, la Asociación Migjorn de Vinaròs. Su secretario, Sebastià Fabregat, adelanta a este periódico el sabor agridulce que despiertan estas primeras comparecencias ante el juez: “La justicia es lenta o rápida según a quién le interesa; para el ciudadano siempre va lenta”, lamenta. “Estamos contentos, pero no es suficiente. Nos alegramos de que esto vaya en marcha, que no se pare la investigación, pero todavía hay que mirar muchas cosas”.

Junto a los cabos sueltos que –a su juicio- sigue habiendo, a las dudas sobre qué produjo realmente los seísmos o a la reivindicación de que se depuren responsabilidades, hay otra cuestión que le quita el sueño: “¿Quién va a pagar todo esto?”.

Es la pregunta recurrente durante toda la conversación con Fabregat, y que inspira también el lema de la concentración convocada por la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia: No pagaremos su fracaso.

“Al final quien se llevó la pasta fue Florentino”, critica, en alusión a los 1.350 millones de euros de indemnización aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy que Escal UGS –filial de ACS- recibió por el cierre de la planta de gas. A ello se suma, incide, el coste de 20 millones de euros anuales de la hibernación del almacén, un plan para “llevar a la infraestructura a una situación de máxima seguridad” que se puso en marcha el pasado marzo y concluirá en noviembre, según detalla en su web Enagás, la empresa que ha tomado las riendas del proyecto tras la salida de Escal UGS. “Yo sé quién pagará todo esto: los ciudadanos”, añade Fabregat antes de concluir la conversación telefónica.

Dos minutos después vuelve a sonar el teléfono. Es él. “Se me ha olvidado comentar algo importante, una reflexión sobre las contradicciones que envuelven a este proyecto”, dice.

“Mira, en este momento la ministra de Fomento, Ana Pastor, está inaugurando la variante de la N-340 en el Maestrat, y se pegan [los partidos políticos] por decir quién empezó la licitación, por ver quién se apunta el tanto; pero en el Castor ocurre todo lo contrario: se quitan todas las medallas”.

“Cuando la cosa va bien todos se suben al carro, pero cuando va mal, nadie habla. Pasa como en la copla El Micalet de la Seu, de Joan Monleón, que dice que la culpa sempre la té l’obrer, que l’ha fet de mala gana... Pues eso”.