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Consuelo Ordóñez.
Covite dice que el Gobierno no le facilita información «esencial» sobre ETA

Covite dice que el Gobierno no le facilita información «esencial» sobre ETA

A juicio del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, la transparencia es "esencial" para poder escribir un "relato basado en la verdad y la dignidad"

EFE

Martes, 25 de agosto 2015, 12:17

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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha acusado hoy al Gobierno de no facilitarle cierta información sobre ETA que, a su juicio, resulta "esencial" para poder escribir un "relato basado en la verdad y la dignidad". La presidenta de esta agrupación, Consuelo Ordóñez, ha confirmado a Efe que la solicitud completa de información se registró en mayo ante el Consejo de Transparencia de Presidencia del Gobierno.

En concreto, Covite reclamaba datos sobre deportados, amnistiados o indultados tras las primeras elecciones democráticas de 1977, así como de negociadores de ETA con euroórdenes de búsqueda y captura a los que se pudo otorgar inmunidad durante las conversaciones como podría ser el caso, ha dicho, de Josu Ternera.

También demandaba información sobre "destrucciones de sumarios de ETA" y atentados cometidos por la organización terrorista en casas cuartel. Ordóñez ha indicado que la información requerida correspondía a tres ministerios, de los cuales, sólo uno, el de Interior les ha remitido un "extenso" informe sobre los atentados en casas-cuartel.

Reclamación

Ha criticado que, por el contrario, el ministerio de Exteriores no ha contestado, mientras que el de Justicia "básicamente" les ha remitido al Boletín Oficial de Estado. Covite registró ayer mismo una reclamación ante el mismo órgano en el que cursó la solicitud de información para mostrar su disconformidad con la respuesta recibida. Ha opinado que se trata de información que corresponde a una "etapa muy oscura" de la democracia pero que Covite desea rescatar al entender que es "esencial" para construir un "relato basado en la verdad" de lo sucedido.

Ordóñez también ha criticado la actitud del Ejecutivo por no denunciar a la Justicia belga cuando en 2013 se negó a la extradición de la etarra María Nativel Jauregui al reconocer un riesgo de violación de sus derechos fundamentales en España.

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