Puig defiende la necesidad del Consell Jurídic Consultiu para el autogobierno y los valencianos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido hoy la necesidad y vigencia del Consell Jurídic Consultiu (CJC), cuya desaparición, ha advertido, supondrían un perjuicio para el autogobierno y para los valencianos, pues su labor supone una "mejora de la calidad legislativa".

Puig ha recibido hoy en el Palau de la Generalitat la Memoria anual de este organismo estatutario correspondiente al ejercicio 2014, de manos de su presiDente, Vicente Garrido, con quien ha comparecido ante los periodistas tras una breve reunión.

Ximo Puig ha defendido la labor del CJC "frente a la dialéctica que se ha producido en los últimos años" sobre la disminución de algunos órganos o incluso la desaparición de organismos de las comunidades autónomas, y en concreto de los consejos jurídicos consultivos.

"Eso sería negativo para la calidad de las normas del gobierno valenciano" y también para la Generalitat y para los ayuntamientos "que obligatoriamente deberían volver a tener que ir a Madrid" a realizar determinadas consultas, ha añadido.

Eso generaría, a su juicio, "un perjuicio enorme para el autogobierno valenciano y para los ciudadanos" y ha señalado que aunque a veces parezca que "todo sea una burocracia enorme que no sirve para nada", la labor del CJC "sirve porque hace efectivo un trabajo de mejora de la calidad legislativa".

El president de la Generalitat también ha reclamado, tanto de la Administración como de los organismos estatutarios, que trabajen por mejorar cada día, ser más eficientes y dar mejor respuesta a los ciudadanos para poder ofrecerles los mejores servicios púbicos.

Por su parte, Vicente Garrido ha explicado que la memoria de 2014 recoge de forma exhaustiva la actividad del CJC a lo largo de ese año, durante el cual se han realizado 742 dictámenes, seis más que el ejercicio anterior.

Este organismo ha revisado hasta trece anteproyectos de ley, entre ellos los de Ordenación del Territorios, Salud y Hacienda Pública, y en total se dictaminaron 104 proyectos de normas autonómicas, 24 más que en 2013.

Los dictámenes sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial fueron los más numerosos, y representaron un 55 por ciento del total, aunque éstos han descendido de los 498 del año anterior a los 416 de 2014, y dos de ellos contemplaban reclamaciones superiores a los 30 millones de euros.

Garrido ha destacado que cerca de la mitad de las consultas provienen de todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, en algunos casos porque es preceptiva la consulta y en otros porque tienen "un asunto jurídicamente enrevesado y quieren una opinión jurídica independiente".

Entre las recomendaciones del CJC al Consell, se sugiere que la legislación sobre elaboración de normas incorpore como preceptivos los informes de impacto de género, y se proponen criterios cualitativos para mejorar la cláusula "stand stil", diseñada para limitar las modificaciones de la ordenación urbanística por parte de la Administración.

La memoria también recoge los cambios producidos en el CJC durante el año 2014, con la incorporación de dos nuevos consejeros: Federico Fernández Roldán y Margarita Solar Robles.

Vicente Garrido ha recordado que el próximo año se cumplirá el vigésimo aniversario de la creación de este organismo estatutario y ha invitado al president de la Generalitat a presidir el acto académico que tiene previsto se celebrar para conmemorar la efeméride.

Tras su visita a la Generalitat, el presidente del CJC ha recibido en la sede de este organismo al conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.

Según fuentes del CJC, ambos han mantenido una reunión de trabajo en la que han tratado asuntos como la ley de Transparencia o la creación de la Oficina Antifraude de la Generalitat.