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José Antonio Sempere y Rafael Parra.
La juez envía a prisión a dos cabecillas de una trama para saquear ayuntamientos

La juez envía a prisión a dos cabecillas de una trama para saquear ayuntamientos

El secretario de Canet d'En Berenguer y un funcionario del Consorcio de Museos lideraban un entramado empresarial que facturó casi un millón de euros a diferentes consistorios

A. RALLO

Jueves, 23 de abril 2015, 23:57

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valencia. La Comunitat suma otro escándalo de corrupción. De nuevo el mismo método, ya casi emblema de las redes que operan en la región para lucrarse de fondos públicos. Se trata de un entramado de empresas que realizaban informes de asesoría o auditorías para diferentes ayuntamientos sin que haya quedada acreditada la necesidad de estos trabajos. Es más, se dan casos en los que los documentos carecen de cualquier base jurídica. En resumen, meros informes de conveniencia. Estos encargos servirían para justificar pagos de diferentes cantidades de dinero. El juzgado investiga ahora qué destino tenían esas cantidades y si se gratificaba a los cargos públicos que autorizaban la contratación con las empresas investigadas. La investigación, declarada secreta, se encuentra en el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia. No se descartan imputaciones de algún responsable político a medida que avancen las pesquisas.

La Guardia Civil registró hace más de un año una decena de Ayuntamientos de la provincia de Valencia. En concreto, se llevó documentación de Canet d'En Berenguer, San Antonio de Benagéber, Benissanó, Benirredrà, Ador, Real de Gandia, Vallada, Benimodo, l'Atzuvia y la Vall de Laguar.

Los dos presuntos ideólogos del fraude son el secretario del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sempere, y el interventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu. Ambos controlaban directa o indirectamente -a través de personas afines- diferentes sociedades, entre ellas Academia Valenciana de Juristas, Milena III y Asesores Profesionales. Parra Mateu es funcionario de Chiva, en comisión de servicio de la entidad dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura. El Consorcio de Museos pagó 11 facturas en un año a una de las sociedades investigadas. En total, cerca de 32.000 euros por informes jurídicos.

Su condición de funcionario le impide beneficiarse de contrataciones públicas. De hecho, el juzgado investiga este delito aparte de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La cantidad de fondos públicos desviada por el entramado empresarial oscilaría entre los 700.000 euros y un millón.

Las detenciones se produjeron a primera hora de la mañana de ayer. El juzgado recibió recientemente los informes de la Guardia Civil en los que se explica el organigrama de la trama delictiva confeccionado a partir de la documentación recabada en los registros a todos los ayuntamientos anteriores.

Parra no fue ni a trabajar. Había comunicado a sus compañeros que tenía pensado viajar a Madrid, según fuentes de su entorno. Ambos arrestados declararon por estos hechos en la Ciudad de la Justicia durante varias horas. Las explicaciones no resultaron, al parecer, convincentes. El fiscal solicitó el ingreso en prisión tras el final de las comparecencias. La titular del juzgado acordó la medida cautelar sin que exista la posibilidad de una fianza. A primera hora de la tarde ya se encontraban camino de Picassent.

Una estrecha amistad

La amistad entre Sancho Sempere y Parra se remonta a años atrás. Sus negocios poco claros ya se habían transformado en graves problemas judiciales. Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, Sempere se enfrenta a nueve años de prisión por facturar informes innecesarios al ayuntamiento de la Pobla de Farnals. La fiscalía pide la misma pena para la exalcaldesa Natividad García quien está acusada de recibir comisiones por adjudicar estos servicios. También Rafael Parra está procesado por este asunto. En su caso, la pena es menor. Solicitan tres años de cárcel. Este asesor realizó un trabajo sobre «modificación de créditos» del que se desconoce si llegó a entregarse al consistorio. Se ignora también la utilidad de semejante documento.

Sempere ofreció una peculiar rueda de prensa en el propio consistorio de Canet -bautizada como conferencia- tras publicar LAS PROVINCIAS la petición de pena. Sostuvo que las acusaciones del fiscal por este asunto respondían a elucubraciones. Posteriormente mandó una carta al propio consistorio en la que defendió su inocencia en la que mantiene que todo responde a la enemistad entre la exalcaldesa y el actual primer edil José Manuel Peralta. Dijo ser una víctima en este rivalidad política. Además, adelantó que el 99% de los juristas consultados -por él- consideran que el asunto se archivará.

No es el único caso que revela la especial proximidad de los dos arrestados. Parra Mateu es funcionario de Chiva. Sancho Sempere fue secretario de la empresa SUMAchiva, encargada del desarrollo urbanístico del municipio. Se da la llamativa circunstancia de que ambos formaban parte del tribunal que debía decidir una plaza de técnico de gestión en el Ayuntamiento de Canet. Casualmente, el alcalde de Chiva, José Manuel Haro, concurrió al puesto. Obtuvo una de las mejores notas en el primer examen. No se presentó a las siguientes pruebas tras hacerse públicas todas estas vinculaciones.

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