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El expresidente Francisco Camps. :: txema rodríguez
Camps se estrena como abogado con su propia defensa en el caso Valmor

Camps se estrena como abogado con su propia defensa en el caso Valmor

El expresidente se persona en la causa contra él por presunta malversación y prevaricación en la compra de la empresa

S. P.

Sábado, 28 de febrero 2015, 00:21

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El expresidente de la Generalitat y diputado 'popular' en las Corts, Francisco Camps, se ha personado en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) a raíz de una querella interpuesta por la fiscalía anticorrupción contra él por presenta malversación y prevaricación en la compra de Valmor Sports por la cantidad simbólica de un euro en el marco de la Fórmula Uno, asumiendo de este modo el Gobierno autonómico la deuda millonaria que esta mercantil arrastraba. El exjefe del Consell y miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) será su propio abogado.

Así consta en una diligencia de ordenación del secretario de la sala, en la que se indica que se tiene por personado al expresidente Francisco Camps y en su nombre y representación a la procuradora designada, con quien se entenderá las sucesivas diligencias «con la asistencia letrada del propio Sr. Camps, en virtud de la habilitación concedida por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia».

De igual modo, en la diligencia de ordenación se comunica que se tiene interpuesto en tiempo y forma los recursos presentados tanto por Francisco Camps como por el resto de querellados en el caso (la exconsellera, ex secretaria autonómica de Comunicación y exdirectora de Televisión Valenciana (TVV), Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez 'Aspar') contra el auto hecho público el pasado 3 de febrero por el cual la sala decidió admitir a trámite la querella de la fiscalía anticorrupción. Contra esta resolución se puede presentar recurso en el plazo de tres días.

El exjefe del Consell ya hizo valer su condición de letrado para sentarse junto a sus abogados defensores durante el juicio de los trajes que se zanjó con su absolución a principios de 2012. Con motivo de aquel proceso, Camps destinó cerca de 120.000 euros a pagar los servicios del equipo de letrados de Javier Boix.

Sorpresa en el PP

La defensa de sí mismo de Camps se encajó ayer con cierta sorpresa entre destacados dirigentes del PP valenciano. Camps, que obtuvo hace ahora dos años el doctorado cum laude en Derecho por la Universidad de Elche con una tesis que aboga por la elección directa de los representantes políticos, se estrenará en el ejercicio de la abogacía defendiendo su gestión al frente de la Generalitat en lo referente a la puesta en marcha del Gran Premio de Fórmula Uno en Valencia, así como en la prolongación del contrato para celebrar nuevas carreras.

El TSJCV dictó el pasado 3 de febrero un auto en el que decidió admitir a trámite la querella interpuesta el pasado mes de diciembre por la fiscalía anticorrupción contra Camps, Lola Jonhson y Jorge Martínez 'Aspar' y consideraba que la sala de lo Civil y Penal era la competente para investigar los hechos al ser el expresidente diputado y, por tanto, contar con el aforamiento.

El tribunal superior autonómico entiende en este caso que se debe investigar la compra de Valmor «para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo» y acota la instrucción al momento temporal que indica el ministerio público, es decir, desde abril de 2006 hasta el 19 de julio de 2011, periodo de tiempo en el que Camps presidió el Consell.

Fabra, después de mayo

La decisión de fijar el límite de la investigación inicial en el mes de julio de 2011 supondrá que la solicitud de la fiscalía para que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y los miembros de su Consell que en diciembre de 2011 acordaron la compra de Valmor declaren en relación con este caso, adelantada por LAS PROVINCIAS, no se concretará antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

El tribunal admitió la querella de la fiscalía ante la «posibilidad razonable» de que los hechos relatados por el ministerio público hayan ocurrido con la participación de Camps; y de que tales hechos puedan ser subsumidos, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, en los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.

La última resolución de la sala en este caso fue la de suspender el plazo para interponer recurso hasta quedar solucionados los «defectos» apreciados en la documentación de fiscalía.

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