Andrea Fabra pide permiso al Congreso para ejercer como abogada

La diputada del PP por Castellón Andrea Fabra ha solicitado permiso al Congreso para ejercer como abogada, una autorización que la Comisión del estatuto de los Diputados acaba de concederle y que deberá ser ratificada en la segunda semana de marzo por el Pleno del Congreso.

Así consta en el informe aprobado esta semana por la comisión encargada de dar vía libre a las actividades que los diputados llevan a cabo al margen de su labor parlamentaria y al que ha tenido acceso Europa Press.

La hija del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien ingresó en la cárcel el pasado mes de diciembre para cumplir una condena de cuatro años por fraude fiscal, tiene escaño en el Congreso desde 2008, donde recaló tras haber sido senadora por designación autonómica en la legislatura anterior.

Fabra, 41 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, y según la declaración de actividades que registró en el Congreso al inicio de la legislatura, hasta ahora no ha realizado actividad extraparlamentaria alguna.

Que a escasos meses de que acabe la legislatura solicite permiso para ejercer como abogada puede interpretarse como la antesala del fin de su etapa como diputada y, de hecho, coincide con los rumores que se han desatado en el PP valenciano sobre la posibilidad de que no repita como candidata en las próximas generales.

Fabra está casada con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, quién dimitió de ese cargo en 2010 y tres años después lo hizo también como consejero de Unilabs, empresa de análisis clínicos que gestiona los laboratorios de seis hospitales públicos de Madrid, un servicio privatizado por el propio Güemes durante su etapa como consejero de Esperanza Aguirre.

Dos hipotecas, dos coches y cuatro planes de pensiones

Según la declaración de bienes que Fabra entregó al Congreso tras las generales de 2011, la diputada por Castellón está casada con Guëmes en régimen de gananciales y comparten al 50% una vivienda unifamiliar en Madrid, comprada en abril de 2003, sobre la que pesa una hipoteca de 541.000 euros de la que entonces le quedaban por pagar 327.773 euros.

Además, la diputada comunicó a la Cámara que desde 2007 tenía el 20% de una hipoteca de 1,2 millones de euros de los que aún tenía pendiente de pago 1,04 millones. Asimismo, es propietaria del 20 por ciento de una vivienda unifamiliar en proindiviso en Castellón desde 1998.

También consignó la propiedad de dos vehículos (un Ford Fiesta un Ford Kuga), la posesión de 55.600 euros repartidos en cuatro planes de pensiones distintos y de otros 3.906 euros en tres cuentas corrientes, dos de ellas compartidas con su marido. Fabrá pagó 9.375 euros de IRPF en 2010.

En julio de 2012, la oposición exigió su dimisión por gritar supuestamente "¡qué se jodan!" cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el Pleno del Congreso un recorte en las prestaciones por desempleo.