La alcaldesa de Carlet, imputada por presionar para anular multas de tráfico

La juez de Instrucción 3 de Carlet ha imputado a la alcaldesa de la localidad, María Ángeles Crespo, por un delito de prevaricación administrativa y otro contra la integridad moral del jefe de la Policía Local del municipio. La responsable municipal, del Partido Popular, declarará el próximo 15 de junio a primera hora de la mañana. El agente de policía comparecerá antes, en marzo, para ofrecer su versión de los hechos.

El caso arrancó a raíz de una denuncia de la fiscalía tras estudiar la documentación aportada por el mando policial. El agente puso en conocimiento presiones y amenazas para anular determinadas multas de tráfico a vecinos del municipio. El jefe de la policía explicó que la alcaldesa, tras las elecciones de 2011, le dijo que quería llevar «de forma directa» las resoluciones de los expedientes sancionadores de tráfico.

El agente comenzó a observar anotaciones, supuestamente escritas por la primera edil, en las que le ordenaba «anular» «ratificar» o incluía «otros comentarios». El jefe de policía, según su relato de hechos, se reunió con la alcaldesa y esta le comunicó que debía seguir sus indicaciones «porque estaba harta de recibir a vecinos quejándose de las denuncias».

No es la única instrucción que supuestamente recibió por parte de Crespo. En ese mismo encuentro, siempre según la versión del funcionario, le pidió que trasladara a los agentes a su cargo nuevas directrices a la hora de imponer las sanciones. Por ejemplo, antes de multar a un coche en doble fila había que buscar al propietario en los establecimientos comerciales cercanos.

El jefe de la Policía Local, que se encuentra actualmente de baja, se negó a comunicar estos criterios de actuación a sus subordinados. Sin embargo, estos «recibieron presiones» por parte de la alcaldesa, según consta en el escrito que se presentó en la fiscalía de Alzira, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. El agente ofreció un dato que corroboraría su tesis: las denuncias descendieron de 1.178 a sólo 187 en el año 2012.

El responsable del ministerio público analizó la abundante documentación del caso durante sus diligencias de investigación penal . Citó al denunciante y a varios testigos de los hechos antes de decidir si judicializaba el asunto como finalmente hizo.

El jefe de la Policía Local intentó buscar un traslado a otro municipio debido a las presiones que presuntamente soportaba por parte de su superior. La alcaldesa, según el escrito, le anunció que iba a hacer todo lo posible por apartarle de su cometido. Finalmente lo consiguió y el agente fue relevado de sus funciones. Durante todo el año 2012, el mando policial aseguró que se le negó el saludo, se le ninguneó y se le discriminó. El agente citó, como ejemplos de lo anterior, una reducción de la nómina al no desempeñar las funciones de instructor de los expedientes y el impago de las horas extraordinarias de las Fallas de 2013 y de las fiestas patronales del municipio.

La alcaldesa de Carlet declaró recientemente a LAS PROVINCIAS que estaba muy tranquila por la denuncia de la fiscalía y que esperaba poder defenderse ante el juez. María Ángeles Crespo, que también fue senadora durante cuatro años, aseguró que era el primer problema que tenía en su dilatada carrera. Insistió en que no era un asunto relacionado con ningún tipo de corrupción. La responsable añadió que no tenía ningún interés en retirar las multas sino que sus recomendaciones obedecían «a su labor de atención al ciudadano». Compromís ya solicitó una aclaración pública y destacó la alarmante reducción en la recaudación por multas de tráfico.