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Imputan al alcalde de Segorbe y a otros siete concejales por prevaricación

El juez les acusa de incumplir dos sentencias sobre bous al carrer y entre los implicados está el vicepresidente de la Diputación de Castellón

EFE

Lunes, 3 de noviembre 2014, 15:12

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El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo (PP) y los siete ediles del gobierno local -entre ellos el vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina- han sido imputados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Segorbe acusados de los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia a la autoridad judicial.

Según el auto del juez al que ha tenido acceso EFE, la denuncia parte de un particular y ha sido admitida a trámite porque se entiende que los hechos descritos en la denuncia, referidos a incumplimientos de sentencias sobre la ordenanza del bous al carrer, "reúnen los caracteres" de los dos delitos mencionados.

El alcalde y el equipo de Gobierno, todos ellos miembros del PP, declararán el próximo 15 de diciembre a las 10.00 horas, según han indicado fuentes judiciales.

En su denuncia, el particular explica que los hechos hacen referencia a un incumplimiento por parte del equipo de gobierno de dos sentencias judiciales que no se habrían cumplido, en referencia a una ordenanza municipal sobre los "bous al carrer".

Los hechos se remontan a 2004, cuando se aprobaron en pleno las ordenanzas reguladora de los festejos taurinos en la localidad. El denunciante presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ, que fue estimado en parte, por lo que varios artículos relacionados con los "entablados" que se instalan en la calle fueron anulados.

Entre los artículos anulados se encontraba el que establecía que, para por realizar la instalación de los entablados, fuera necesario la autorización expresa de las autoridades municipales.

Tras esta resolución judicial firme, el consistorio aprobó una nueva ordenanza en 2008, pero, según la demanda "incurría en las mismas ilegalidades" y suponía que "ningún ciudadano de Segorbe de manera real, legal y efectiva pudiese optar a las adjudicaciones de estos "entablaos", porque las ordenanzas dejaban que esa concesión se hiciera "a dedo".

El perjudicado interpuso entonces un incidente de ejecución de la sentencia ante la misma sala del TSJ, al entender que el consistorio no la había cumplido.

En una resolución el TSJ estima el incidente y recuerda la nulidad de los referidos artículos de la ordenanza de 2008.

No obstante, en junio de 2014, es decir 10 años después de la primera denuncia, el Boletín Oficial de la Provincia publicó de nuevo el sometimiento a información pública de la aprobación de la ordenanza municipal de festejos taurinos.

Ante esta nueva actuación municipal, el vecino presentó las oportunas alegaciones que explicaban que la ordenanza había sido declarada nula en dos ocasiones, aunque fueron desestimadas por el consistorio.

En consecuencia, presentó una denuncia en el juzgado en la que explica que la última ordenanza que pretende aprobar el Ayuntamiento es una "reproducción literal de las de 2008, que fueron anuladas por el TSJ".

A juicio del denunciante, al votar a favor de la aprobación de la ordenanza de abril de 2014, el equipo de Gobierno ha incurrido en "prevaricación" porque sus integrantes conocen los autos que anularon las anteriores ordenanzas, idénticas a las últimas aprobadas.

Asimismo considera que se ha producido el delito de desobediencia al no acatar las dos sentencias de TSJ en relación a la ordenanza, pese a conocerlas.

El portavoz del PSPV en Segorbe, José Luis Guillén ha explicado que este caso es una muestra "de la forma de operar del PP local", que "no respeta los derechos de los ciudadanos" y es un ejemplo del "abuso que hace el PP de su mayoría absoluta en el consistorio".

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