Las Provincias

El juez encarcela a Granados y a Marjaliza, acusados de mover cientos de millones en contratos amañados

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El exsecretario general del PP de Madrid, a su salida, anoche, del juzgado. / Efe

  • Considera que si son puestos en libertad hay riesgo de que destruyan pruebas

  • El exnúmero dos del PP de Madrid niega tomar partida en las adjudicaciones

  • El constructor y 'conseguidor' de la red se ha acogido a su derecho a no declarar

Prisión incondicional y sin posibilidad alguna de eludir la cárcel con fianza. El magistrado Eloy Velasco ha enviado a Soto del Real a los dos supuestos cabecillas de la red corrupta Púnica, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el 'conseguidor' principal de la red, David Marjaliza.

El magistrado, que hoy ha interrogado al que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y al empresario madrileño, cree que si ambos son puestos en libertad tendrían posibilidad de huir y, sobre todo, de destruir pruebas de su participación en la trama Púnica, de la que los dos eran pilares fundamentales sobre los que descansaba el grupo corrupto ahora desmantelado y que consiguió no menos de 250 millones de adjudicaciones públicas en contratos 'amañados'.

En el auto, el juez reseña que Granados es titular de "algunas de las cuentas" de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales "agravado". Según Velasco, existen indicios de que a lo largo de su carrera pública Granados habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios como José Luis Huerta en materia de contratación pública y urbanismo, "tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio, habiéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude".

Granados, de acuerdo a los atestados, era el encargado de contactar y convencer a los responsables de las administraciones políticas para manipular las adjudicaciones millonarias, mientras que el otro miembro del tándem, Marjaliza, se ocupaba de buscar el dinero para las corruptelas entre empresarios dispuestos a pagar sobornos por ganar concursos públicos. Unas gestiones que a ambos les reportaron beneficios millonarios (cerca de diez millones de euros). Un dinero que terminó en cuentas en Suiza manejadas por ellos a través de testaferros y sociedades. Precisamente, los movimientos sospechosos de esos depósitos el pasado diciembre fueron los que encendieron las alarmas de las autoridades helvéticas que avisaron a la Fiscalía española.

Marjaliza, a la 'cabeza' del entramado

Respecto de David Marjaliza, Velasco le considera "cabeza" de un amplio entramado empresarial, "núcleo de una organización criminal, cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas, habiéndose aprovechado de sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros recibiendo una comisión por su actuación".

El juez también le señala como "centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude". Velasco reseña que también Marjaliza es titular de "algunas de las cuentas" de las que informaron las autoridades suizas por sospecha de blanqueo de capitales.

Granados responsabiliza a su socio

En su comparecencia ante Velasco, el exdirigente popular ha negado que las cuentas en Suiza que se investigan sean suyas, y ha apuntado a que el propietario real de ellas es su amigo íntimo.

Durante dos horas y media, Granados ha asegurado que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque su agente se cambió de banco pero en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito. Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza.

El exdirigente popular también ha negado haber realizado negocios u operaciones con Marjaliza, al que conoce desde el colegio, y ha señalado que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Laussanne detectó en 2013 es en realidad un traspaso que el empresario habría realizado entre dos de sus cuentas.

Fianzas

Mientras tanto, los tres directivos de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, que han sido imputados por sobornar presuntamente a cargos públicos a cambio de la adjudicación de contratos y otros cinco detenidos han depositado las fianzas que les impuso el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para salir de prisión, informaron fuentes jurídicas. El presidente de la empresa Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la firma, Constantino Alvarez; y el empleado José Antonio Hernández han depositado las cauciones de 100.000 euros que decretó el jueves el magistrado, por lo que abandonarán la cárcel de Soto del Real (Madrid) en las próximas horas.

También han depositado sus fianzas el concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros); el jefe de gabinete del alcalde de la localidad, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el arquitecto municipal, José Luis Navarro Soto (100.000 euros); y dos empresarios relacionados con el constructor David Marjaliza: Antonio Serrano (100.000 euros) y Eduardo de la Peña (50.000 euros). Los dos únicos imputados que no han pagado las fianzas que le impuso el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 son el jefe de gabinete de la Alcaldía de Parla, Antonio Borrego (de 60.000 euros), y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta (300.000).