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El pago de la extra de 2012 ve la luz un día antes de la reunión con los sindicatos

Consell y representantes de los trabajadores aprueban hoy la carrera profesional que permitirá subir el sueldo a unos 17.000 funcionarios

J. C. F.

Miércoles, 17 de septiembre 2014, 00:02

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El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó por fin ayer el acuerdo alcanzado por la administración autonómica y los sindicatos sobre el abono de los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. La reunión en la que se concretó este pacto tuvo lugar el pasado 9 de junio. Más de tres meses después, el departamento que dirige Juan Carlos Moragues accedió a la publicación oficial del mismo, que equivale a la ratificación oficial del mismo.

Los términos del acuerdo son conocidos: el texto contempla el compromiso de la Generalitat de hacer efectiva la recuperación de los días devengados de la paga extra de diciembre de 2012 -que el Ejecutivo no abonó en aplicación del decreto Vela de recortes sobre los empleados públicos-, unos pagos que se abonarán en la nómina de enero de 2015. Se estima que el coste para la administración de la medida supera los 60 millones de euros.

Fuentes de la administración autonómica consideraron ayer que el acuerdo es «fruto de la responsabilidad de las partes representadas en la mesa general de negociación y del esfuerzo conjunto por mantener el clima de diálogo social permanente», y va en la línea de «la mejora progresiva» de las condiciones de los empleados públicos de la Generalitat.

La publicación del acuerdo se produce en una fecha significativa: la víspera de una nueva reunión de la mesa general que debe dar luz verde definitiva a la aplicación de la carrera profesional para los 17.000 empleados públicos de la administración general. El acuerdo llega tras el rifirrafe que administración y sindicatos mantuvieron después de que el Consell, pese al acuerdo alcanzado en octubre de 2013, se descolgara semanas atrás con la negativa a aplicar este complemento -del que ya gozan los empleados públicos de sanidad y educación- por dificultades presupuestarias. Sólo el anuncio de movilizaciones por parte de las organizaciones sindicales, tras comprobar que las consellerias de Educación y Sanidad sí que atenderían esos pluses, llevó al Consell a rectificar y a dar luz verde de nuevo a la aplicación de la carrera profesional.

¿En qué condiciones? El acuerdo que se suscribe hoy establece que la carrera profesional comenzará a percibirse de manera efectiva a partir del próximo 1 de enero, y que el gasto público efectivo de ese primer año se situará entre los 5 y los 6 millones de euros. La previsión de la administración autonómica señala que el abono íntegro de esa carrera profesional no se producirá hasta 2017.

Desde el PSPV, el portavoz parlamentario Rafael Rubio remarcó ayer el papel jugado por su grupo a la hora de obligar a la administración autonómica a concretar estos acuerdos. Primero, con el de la devolución a los funcionarios de la extra de 2012 «sobre el que ya habíamos planteado diversas inicaitivas por el retraso que llevaba su publicación». Y en segundo lugar, por el de la carrera profesional, sobre el que Rubio ya alertó en agosto de que el retraso del Consell en publicarlo obedecía a lanegativa del ministro Montoro a autorizar incrementos del gasto en las cuentas autonómicas.

El acuerdo con las organizaciones sindicales, en vísperas del debate de política general y con el horizonte electoral de 2015 a la vista, era previsible. Y marcará el capítulo I (gastos de personal) de los presupuestos de la Generalitat de 2015. Los costes estimados de hacer frente a la parte de la paga extra de 2012 pendiente y de la aplicación de la carrera profesional -en el entorno de los 70 millones de euros- consituirán previsiblemente la parte fundamental del aumento de ese capítulo en unos presupuestos de los que el departamento que dirige Juan Carlos Moragues no ha querido avanzar nada sobre su contenido. Lo único concreto sobre las cuentas del próximo año, tal y como se estableció en la orden que recogía los principios sobre los que se elaborarán esas cuentas, es la referencia a que se tendrán en cuenta las desigualdades entre los sexos y se reasignarán los recursos si fuera necesario.

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