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Un momento del juicio.
Cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales

Cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales

Anticorrupción pidió una pena de seis años además de una multa de 2,6 millones y quince años de inhabilitación

alejandro martí

Viernes, 29 de agosto 2014, 16:28

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La Fiscalía Anticorrupción pidió 13 años de cárcel para el exlíder popular de Castellón, acusado de seis delitos. Además, le reclamó una multa de 2,6 millones de euros por los cargos que se le imputaban.

Carlos Fabra se sentó en el banquillo acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales por las declaraciones de Hacienda de los años de 2000 a 2003.

En el escrito de acusación, se reclamaba una inhabilitación para Fabra de 15 años para cargo público y, para su esposa, María Desamparados Fernández reclama seis años de cárcel por tres delitos contra Hacienda y una multa de 400.000 euros.

Por su parte, la acusación particular solicitó también 13 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón así como una multa de 17 millones de euros. Estas peticiones de cárcel son inferiores a los 15 y 20 años que se solicitaron respectivamente hace dos años, cuando el proceso quedó paralizado por el archivo de la causa en la Audiencia Provincial de Castellón.

Con el juicio, que arrancó el 2 de octubre de 2013, se daba por finalizado un proceso de casi 10 años de investigación que plagado de recursos, cambios en la plaza del juez instructor y de retrasos, desde que diciembre de 2003 un examigo del entonces matrimonio Fabra, Vicente Vilar, interpusiera una denuncia contra el dirigente en los juzgados de Nules.

El relato de la Fiscalía apuntaba a que Fabra habría presionado a cargos públicos y funcionarios para legalizar productos fitosanitarios para luego comercializarlos. La intermediación habría comenzado en julio de 1999 con una reunión con Jesús Posada, entonces ministro de Agricultura, Juan Costa, secretario de Hacienda por aquel entonces y Miguel Prim, senador Territorial.

Tras estas reuniones el 18 de octubre de 1999 se lograba la licencia de la abamectina y, tras aportar éstos 150.000 euros en metálico, Vilar vendió la licencia del producto a una empresa portuguesa (Sapec) por 1,09 millones de euros en una cena en el año 2000 en la sede de Naranjax (en Artana) donde, según la instrucción, estaban Vilar, Fabra y Ricardo Costa como abogado.

Tras el éxito de esta operación habrían creado la empresa Artemis 2000 S.L. cuyas socias eran a partes iguales las esposas de ambos: María Desamparados Fernández y Montserrat Vives y según el juez de Nules «la empresa era la mera titular registral de los productos que iba obteniendo Naranjax pero carecía de actividad», según el auto de instrucción.

Durante la investigación, Hacienda detectó que se habría usado esta empresa para no declarar ingresos. En el caso de Fabra, dos millones de euros y su exesposa 1,4 millones de euros.

De ahí la elevada fianza a la que tuvo que hacer frente Carlos Fabra de 3,2 millones de euros y cuya imposibilidad de pagar obligó al embargo de bienes de Carlos Fabra. Ahora, el juicio que comienza el miércoles contará con 18 vistas en principio y juzgará el caso más mediático de la historia de Castellón.

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