Gallardón dice que la ley del aborto se aprobará este verano

Al Gobierno se le está haciendo cuesta arriba la aprobación de la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Más que con ninguna otra norma aprobada esta legislatura. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras otros compromisos fallidos, garantizó que el proyecto recibiría la luz verde del Ejecutivo antes del verano para iniciar a continuación su tramitación parlamentaria. Pero su nueva promesa no solo no se ha cumplido sino que se mantiene la incógnita de cuándo se hará realidad. Gallardón ha dicho hoy que llevará antes de que termine el verano al Consejo de Ministros el proyecto de reforma. "Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano, pero el verano termina en septiembre", ha señalado el titular de Justicia.

Preguntado por cuándo acaba el verano para él a estos efectos por si podía concretar algo más, ha insistido: "Para mí acaba el verano exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología, no sé exactamente qué día de septiembre". Ruiz-Gallardón ha indicado que no puede anticipar modificaciones que puede tener el texto respecto al anteproyecto por respeto al Gobierno, que es "el que lo aprueba en Consejo de Ministros y tiene que ser el que tome la decisión de acuerdo con la propuesta del Ministerio". Ha explicado que ya es posible llevar el proyecto al Consejo de Ministros pues ya están los informes de los órganos consultivos.

Soraya Sáenz de Santamaría eludió el pasado viernes adelantar la fecha en que el Consejo de Ministros dará su visto bueno a la reforma. Según explicó la vicepresidenta, Justicia aún estudia las observaciones que los órganos consultivos del Estado han realizado al anteproyecto. No obstante, desde el Ministerio se apunta a que la ley está ultimada y solo se están haciendo unos mínimos retoques. Lo único que falta para que se inicie su tramitación en el Congreso, según fuentes de Justicia, es voluntad política para que la Moncloa la incluya en el índice de un Consejo de Ministros.

Dos reuniones

Sólo restan por celebrarse dos reuniones del gabinete antes de las vacaciones de verano, las del 25 de julio y 1 de agosto. En la última el presidente del Gobierno cumplirá con la tradición de comparecer ante los medios y aprovechará la ocasión para destacar la recuperación económica y el descenso del desempleo. Hacer el balance del primer semestre del año minutos después de aprobar un proyecto de ley tan contestado como la del aborto convertiría esa conferencia de prensa en un interrogatorio monopolizado por la reforma del aborto, un territorio en el que el jefe del Ejecutivo no se encuentra cómodo. Desde el inicio de su elaboración, Rajoy ha esquivado en la medida de lo posible referirse al asunto y se ha limitado a afirmar que forma parte del programa electoral con el que el PP venció las elecciones. El 1 de agosto, siempre que el Consejo apruebe el proyecto, debería explayarse sobre el asunto sí o sí.

Si el Gobierno quiere ratificar la reforma antes de irse de vacaciones, la única fecha factible es el 25 de julio. De no ser así, su aprobación se postergará, como mínimo, hasta septiembre, cuando se reinicia del curso político. La oposición acusa una y otra vez al Ejecutivo de retrasar la tramitación de la norma por cálculos políticos. No en vano, según las encuestas, la reforma tal y como la alumbró Ruiz-Gallardón concita hasta un 80% de rechazo.

El planteamiento gubernamental implica el retorno a una ley de supuestos más restrictiva que la de 1985 frente a la de plazos vigentes desde 2010. Uno de los aspectos más discutidos fue la intención inicial del Ejecutivo de prohibir la interrupción del embarazo en el caso de malformación del feto, un empeño en el que el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás, aunque con matices.

Rebelión interna

El borrador de ley planteado por Justicia ha sido rechazada por la oposición en pleno. Pero también por numerosas voces dentro del PP y del Gobierno. La vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, rompió la disciplina de voto al apoyar en la cámara baja una moción de la Izquierda Plural para retirar el proyecto. En Extremadura, el Gobierno del popular José Antonio Monago impulsó en la cámara autonómica una moción en la que se pide al Ejecutivo central paralizar la reforma hasta que se logre un mayor consenso. «Nadie puede obligar a una mujer a ser madre», sostiene Monago sobre este tema. Otros miembros del PP que han disentido de una forma u otra son el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; o el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.

Tras la aprobación del anteproyecto el 20 de diciembre de 2013, el Ejecutivo envió el anteproyecto a 29 organismos consultivos y entidades médicas y sociales. De ellos, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal abogaron porque se permita el aborto en caso de malformación grave del feto, una recomendación ante la que al final el Ejecutivo ha dado su brazo a torcer siempre y cuando un médico avale que el nacimiento puede causar daño físico o psicológico a la madre.

Una vez aprobado el proyecto en el Consejo de Ministros, el texto será enviado al Congreso y después al Senado. Allí el PP intentará recabar el apoyo de otros grupos. Todo apunta, sin embargo, a que tendrá que hacer uso del rodillo de su mayoría absoluta. Tampoco está previsto que se den grandes modificaciones parlamentarias. En cualquier caso, el Gobierno se enfrenta a la paradoja de que el electorado más conservador del PP critica la reforma del aborto en sí misma porque es contrario a la interrupción del embarazo mientras que otra parte del electorado popular la considera un retroceso en las libertades de la mujer.