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El fiscal de Nóos se opone a citar a directivos de Telefónica por la transferencia de doce millones

El juez quiere interrogar a responsables de la multinacional y abogados tras hallarse unas extrañas cartas insinuando que Urdangarin podrían estar detrás del dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 20 de mayo 2014, 14:06

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El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha presentado hoy un escrito ante el juez José Castro en el que muestra su oposición a citar a declarar como testigos el próximo 31 de mayo a los tres altos directivos de Telefónica para que aclaren si existe realmente una transferencia de 12 millones de euros desde Telefónica a una cuenta en Odessa (en Ucrania). Un dinero que, según asegura un supuesto empresario, podría estar relacionado con Iñaki Urdangarin, quien fue alto directivo de la multinacional hasta su marcha tras estallar el escándalo por sus negocios al frente del instituto sin supuesto ánimo de lucro.

Anticorrupción, que desde el principio no ha dado el más mínimo crédito a este asunto ni al denunciante, fue la que ha remitido al juez José Castro seis extrañas cartas- encontradas en un reciente registro en Barcelona en una investigación que nada tiene que ver con el sumario que instruye el magistrado de Palma- en las que, supuestamente, se apunta a esa transferencia millonaria.

El propio Horrach, tras recibir las misivas de manos de la Fiscalía de Cataluña hace unos días, las puso en conocimiento del juez Castro, quien el pasado lunes decidió abrir una investigación para aclarar el asunto. Y como primera medida citó como testigos a los tres altos directivos de Telefónica que se citan en esos raros documentos: Ana Zaforas, actual jefa de Secretaría de la Dirección General de Estrategia de la empresa; Enrique Medina Malo, responsable de los servicios jurídicos de la multinacional y exdirector de Asesoría Jurídica de RTVE, amén de exsecretario general técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología; y Santiago Fernández Balboa, a quien el magistrado califica de "letrado o alto ejecutivo de Telefónica".

Ese mismo día, Castro también ha llamado a declarar como testigo a Juan José López Ribes, el supuesto empresario barcelonés que escribió entre julio de 2011 y junio de 2012 las controvertidas cartas. Cuatro de esas misivas, que se incautaron en un registro ordenado por el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona en una investigación que arrancó el año pasado, Ribes asegura que una empresa suya, radicada en Ucrania, por error recibió el 5 de diciembre de 2007 una transferencia por valor de doce millones de euros remitida desde una cuenta de Telefónica, en la entidad Cajasol.

López Ribes argumenta que aquella supuesta transferencia errónea y su devolución le generaron graves perjuicios económicos y empresariales y por eso llega a reclamar a la multinacional más de 1,5 millones de euros como indemnización.

Ante la negativa de Teléfonica de abonarle nada, el supuesto empresario amenaza con hacer pública en los medios la copia de la transferencia, remitirla al propio Castro (cosa que nunca llegó a hacer) e insinúa que ese dinero en realidad era para "liquidar todas las facturas realizadas por una fundación sin ánimo de lucro".

En otra de las misivas, el empresario afirma que los doce millones "podían relacionarse con el nombramiento de un consejero de telefónica en junio de 2006 y que en agosto fue nombrado consejero de Telefónica Internacional y trasladado a Washington".

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