La juez de los ERE imputa al presidente de la principal caja de ahorros andaluza

La juez Mercedes Alaya dio ayer un nuevo salto cualitativo en la instrucción al imputar al presidente de Unicaja Braulio Medel, responsable de la principal entidad bancaria de la comunidad y una de las más importantes del país. En un auto dado a conocer ayer la juez señala que como miembro del consejo rector de la Agencia Idea tuvo que conocer el convenio de la Junta que convirtió a esta entidad pública en el brazo ejecutor de las ayudas irregulares concedidas por la Consejería de Empleo. Tanto Medel como la otra veintena de personas imputadas están citadas a declarar la próxima semana.

El nuevo auto de la juez pone en disparadero a varios directivos de banca de la comunidad, que formaron parte de ese consejo rector. Es el caso de Medel y del expresidente de la extinta Caja de Ahorros El Monte integrada en Banca Cívica y posteriormente en Caixabank--, José María Bueno Lidón, así como a varios exdirectores generales de la Junta de Andalucía. Su implicación se deriva del informe policial sobre las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla, que fueron a parar en su mayoría al entramado societario de dos exconcejales socialistas ya implicados en la causa.

De esta manera, el grupo empresarial liderado por Enrique Rosendo y José María Sayago, en el que llegó a trabajar una hija del diputado socialista y exconsejero de Empleo José Antonio Viera, se benefició de ayudas valoradas en 34 millones de euros. A veces incluso con empresas sin empleados o sin actividad, según relata el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Así, según explica la juez en su nuevo auto, el consejo rector de la Agencia Idea tuvo que tener conocimiento del convenio marco firmado en 2001 por la Junta de Andalucía que establecía el sistema de transferencias de financiación a esta entidad como vía de pago de ayudas sociolabores, un uso considerado irregular por Alaya, como ha explicado en numerosas ocasiones.

Los miembros del consejo rector habrían aprobado por tanto el pago de esas ayudas ilegales, ordenadas por la Consejería de Empleo y que la Agencia Idea se limitaba a abonar siguiendo las indicaciones del director general de Trabajo. Para la juez, ninguno de ellos puso reparos al empleo de este sistema pese a la inadecuación del sistema, la ausencia de fiscalización que suponía su uso o el elevado déficit presupuestario que acabó provocando en las arcas andaluzas. En este sentido, también han sido citados a declarar de nuevo Javier Guerrero, principal implicado en el caso y que ocupó este puesto hasta 2008, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Con estas declaraciones, que elevan a más de 180 el número de imputados en la trama, la juez termina de ahondar en la investigación sobre las ayudas a la Sierra Norte, unas diligencias que la Fiscalía Anticorrupción ha dado ya por agotadas y ha requerido en varias ocasiones que se eleven al Tribunal Supremo al considerar que los últimos que pueden aportar algo de luz serían algunos altos cargos aforados, como el propioViera

La juez Mercedes Alaya, en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, ha imputado a miembros de dicho Consejo Rector como José María Bueno Lidón, Braulio Medel, Juan Carlos Soriano, Manuel López Casero, Jesús Nieto González, Juan Paniagua Díaz, Francisco García Martínez, Rafael Herrera, Francisco del Río Muñoz, Ana María Peña, Angel Garrido, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez López, José Domínguez Abascal, Joaquín Moya-Angeler, y Felipe Romero Lubia.

Igualmente, la juez amplía la imputación del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector de la Agencia Idea Jacinto Cañete. También pide que se tome declaración en calidad de imputados a Francisco Mencía Morales, Miguel Angel Serrano, Jesús María Rodríguez, Pablo Millán y Juan Vela Quiroga.

De otro lado, Alaya imputa en el auto, de más de noventa páginas, a Mencía, Cañete y Serrano un presunto delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

La juez considera que también se lo podría imputar esos delitos a los integrantes del Consejo Rector de IDEA, pues a ellos les compete la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la agencia.