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Magdalena Álvarez.
Alaya embarga seis inmuebles y cinco cuentas a Magdalena Álvarez

Alaya embarga seis inmuebles y cinco cuentas a Magdalena Álvarez

La juez del caso de los ERE pretende así cubrir la fianza civil de 29,5 millones que le impuso

CECILIA CUERDO

Martes, 13 de mayo 2014, 13:06

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La juez que instruye el caso de los ERE ha ordenado hoy el embargo de seis inmuebles y cinco cuentas corrientes a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez para poder cubrir parte de la fianza de 29,5 millones de euros impuesta hace unos meses tras ser imputada en la causa por prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, ordena que se realice una investigación patrimonial dado que los bienes embargados no responden a la totalidad de la fianza impuesta.

La decisión de la juez Mercedes Alaya se produce una semana después de que la Audiencia provincial de Sevilla ratificara la imputación de la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, una decisión que argumentó en que había indicios suficientes para estimar su participación en la causa dado que fue bajo su mandato cuando se implantó en la administración el procedimiento para otorgar ayudas sin control. Una actuación que, señaló la Audiencia, no parecía descabellado considerar que se produjo precisamente con ese fin.

En este sentido, la juez ordena embargar bienes inmuebles que la todavía vicepresidenta del BEI tiene en Madrid, Sevilla y Estepona, así como cinco cuentas corrientes. Y ordena también el embargo telemático de los saldos bancarios a su nombre y de posibles devoluciones tributarias. Unas cantidades insuficientes sin embargo para responder por la elevada fianza, por lo que se inicia una averiguación patrimonial. Contra esta decisión de la juez Mercedes Alaya cabe recurso.

La defensa de Álvarez ya se pronunció en contra de lo arbitrario de la cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil, que no fue solicitada por ninguna de las partes personadas en la causa. En su recurso ante la Audiencia sevillana, explicaba que dicha medida se basaba en un juicio anticipado de culpabilidad, al tiempo que insistía en que de lo investigado hasta el momento no se deducían indicios de criminalidad suficientes para imponer una medida de tan grave alcance.

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