Les Corts suspenderá a Oltra de empleo y sueldo entre uno y dos meses

La mejor defensa es un buen ataque. El aforismo futbolístico lo ha hecho suyo la diputada de Compromís Mònica Oltra después de que el pasado jueves fuera expulsada del pleno de Les Corts y se negase a abandonar el escaño. Lejos de tratar de rebajar la tensión, Oltra se despachó el viernes contra el Partido Popular al asegurar que no cree que la ciudadanía entienda «que los presuntos ladrones se queden dentro de Les Corts y a los que estamos denunciando esa corrupción nos tiren afuera». La táctica de Oltra ha dado resultado, porque entre los dirigentes populares ya hay quienes, como el presidente del partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, son partidarios de levantar el pie del acelerador y sancionar a la diputada autonómica con la suspensión de empleo y sueldo durante un mes, cuando hasta ahora la decisión era apartarla de la actividad de la Cámara por un periodo de dos meses.

La petición de los populares se debe hacer efectiva en la jornada de hoy. Se adoptará en la reunión que mantendrán los dos miembros más relevantes de la dirección del grupo parlamentario popular -el portavoz, Jorge Bellver, y el portavoz adjunto, Rafael Maluenda- con los componentes de la Mesa de Les Corts pertenecientes al PP -el presidente de la Cámara, Juan Cotino; el vicepresidente primero, Alejandro Font de Mora; y el secretario primero, Antonio Clemente-. Es lo que se conoce como la Mesilla y donde finalmente se decidirá pedir a la Mesa del Parlamento valenciano la sanción.

El presidente Fabra, que este pasado fin de semana ha estado de campaña electoral por tierras de la provincia de Alicante, comunicó a un miembro de la dirección del grupo popular que no valía la pena apartar de Les Corts durante dos meses a Oltra, que con un mes ya había suficiente. El jefe de los populares valencianos mostró su preferencia por suavizar la situación. El ala moderada popular, por denominarla de alguna manera, considera que un mes es suficiente porque prácticamente se extendería a finales del próximo mes de junio y en julio, en especial durante la segunda quincena, la actividad parlamentaria decae hasta casi desaparecer.

Enfrente están los componentes del ala dura en este asunto, quienes consideran que dejar pasar esta oportunidad de hacer respetar el funcionamiento de las instituciones es un error y un signo de debilidad, puesto que se estaría transmitiendo a los grupos parlamentarios de la oposición, en especial a los que los populares consideran los antisistema, que desafiar a la autoridad no sale caro y, además, garantiza páginas de periódico y minutos de televisión y radio. Además, creen que Oltra tenía marcada una estrategia para aplicarla en el pleno del pasado jueves y la cumplió a pies juntillas «porque eso es lo que busca. Si no se aplica una sanción con contundencia vamos a dar pie a que se envalentonen y vamos a tener de aquí hasta final de legislatura un Parlamento tercermundista», aseguró ayer un diputado popular.

Esta línea dura, además, considera que los hechos del pasado jueves tendrían que ponerse en conocimiento de la Fiscalía puesto que consideran que «hubo un desacato a la autoridad», en tanto en cuanto el presidente de Les Corts expulsó del pleno a Mónica Oltra y lejos de abandonar el escaño, la parlamentaria hizo caso omiso y antes se tuvo que suspender la sesión plenaria que ella se levantase del escaño, con lo que el grupo de Esquerra Unida se quedó sin poder formular la pregunta oral al presidente de la Generalitat.

Hasta ahora nunca un diputado se había negado a abandonar el hemiciclo tras ser expulsado por el máximo responsable de la Cámara. Los partidarios de aplicar un correctivo a Mònica Oltra defienden que para que se la sancione por un mes no hacía falta ni la reunión de la Mesilla prevista para hoy ni el posterior encuentro de la Mesa de Les Corts ni siquiera que se convoque un pleno a puerta cerrada en el que los diputados asistentes, entre los que no debería de estar la diputada en cuestión, voten el castigo a la parlamentaria. El presidente de Les Corts, en este caso Juan Cotino, tiene la potestad de poder aplicar una sanción de suspender de empleo y sueldo 30 o menos días a un diputado autonómico.

El PP, que es un partido presidencialista, posiblemente se decantará por seguir las instrucciones del presidente Fabra y sancionará solamente con un mes de suspensión de empleo y sueldo a la diputada de Compromís, con lo que Mònica Oltra dejará de percibir 4.521,11 euros, que es su salario bruto mensual -más de 9.000 si la sanción es de dos meses-, según la disposición adicional primera de los presupuestos de Les Corts para 2014, que detalla «las retribuciones de los ilustres diputados y diputadas».

De acuerdo con este apartado, el sueldo base de un parlamentario autonómico valenciano asciende a 2.360,57 euros al mes. En el caso de Oltra, a esta cantidad hay que añadirle 1.572,19 euros por ser portavoz adjunta de Compromís y cobra otros 588,35 euros por kilometraje, ya que vive a más de 10 kilómetros de distancia de Valencia. Oltra no percibe los 365,30 euros mensuales por dedicación exclusiva, ya que es abogada en ejercicio.

Una vez la cúpula del grupo parlamentario popular y los representantes de este partido en la dirección de la Cámara adopten una decisión, la trasladarán a la Mesa de Les Corts, donde los populares tienen mayoría absoluta.

Esta resolución, no obstante, tendrá que ser aprobada por el pleno de Les Corts, una sesión que el artículo 62 de la normativa que regula el funcionamiento del Parlamento valenciano indica que tendrá que ser a puerta cerrada, algo que no ha sucedido nunca.

Ese pleno secreto deberá celebrarse antes del próximo pleno ordinario, el 28 de mayo, porque de lo contrario Mònica Oltra podría asistir. Las fuentes parlamentarias consultadas no descartan que esa sesión a puerta cerrada tenga lugar el mismo miércoles 28. Sería con carácter extraordinario. Después se celebraría el pleno ordinario previsto. El que se suspendió la semana pasada se reanuda el próximo jueves.