Las Provincias

El Consorcio evita ubicar las plantas en el proyecto de gestión de la basura

  • Aplaza la decisión a cuando se produzca «consenso político y social», si bien la estación de transferencia se deberá decidir en meses

La maquinaria burocrática del Consorcio de Residuos de la Zona A6 se pone en marcha a falta de decidir qué ubicación tendrá la estación de transferencia y qué lugar el vertedero de rechazo. La Junta de Gobierno del órgano mancomunado dará en breve el visto bueno a las bases técnicas que se han preparado en los últimos meses, pero que no especifican ninguna población que acoja el tratamiento de la basura ni el municipio que acogerá la solución transitoria. Por el momento lo que más urge es decidir dónde se coloca una estación de transferencia con la que poder pasar un impuesto de eliminación unificado a todos los habitantes de la Vega Baja.

Desde la dirección del Consorcio se advierte de que ahora la comisión técnica es el órgano que revisa las bases que sirven para ejecutar el proyecto de gestión. Este órgano presentará las alegaciones y modificaciones oportunas a la falta de que llegue el «consenso político y social», aclara el presidente del Consorcio, Manuel Pineda. Por este motivo se ha decidido obviar a drede un emplazamiento en las bases técnicas, si bien tarde o temprano la Generalitat Valenciana a través de Vaersa decidirá el punto en cuestión que sea más razonable.

Las bases técnicas sustituyen a las que se votaron hace diez años con aspectos más novedosos y con un menor rechazo de residuos. En definitiva se parte de la premisa de que «quién más contamine que lo pague», y que el sistema de ecoparques tenga una gran relevancia. Así la planta de cola donde se dirija todo el rechazo tendrá una duración de unos veinte años al igual que las plantas de tratamiento, que se construirán con nuevas tecnologías y poniendo a la infraestructura de Algimia de Alfara, de la comarca de Camp de Morvedre como ejemplo de instalación rentable y respetuosa con el medio ambiente. Las bases proponen ubicar dicha planta donde el Consistorio se ofrezca como voluntario y que los terrenos sean compaginables con el PGOU, si bien ninguno de los 27 consistorios se ha mostrado a favor de esta opción.

Las bases aportan un análisis de las rutas que deben seguir los ecoparques móviles y especifican que cada población debe estar de la planta de transferencia a una distancia inferior a treinta minutos. En principio se aboga por ubicar dos con sendas zonas de influencia. Pineda ya advirtió que se debería hablar municipio a municipio para ver dónde se puede colocar esta infraestructura pero por el momento nadie se ha ofrecido voluntario. Cabe recordar que la comarca es la última de la provincia de Alicante en contar con una instalación de este tipo.

El tiempo corre para que la tasa unificada se ponga operativa el próximo año. Para ello, todos los municipios deben aprobar una serie de ordenanzas fiscales y que Vaersa «se convierta en nuestro instrumento de gestión», dijo Pineda. Asimismo cada localidad deberá costear la construcción de la futura planta así como la compra o alquiler de los terrenos para la misma. La idea de la Conselleria tiene la intención de iniciar este proceso el próximo año con o sin la conformidad de todos los miembros del Consorcio.