Las Provincias

TRIBUNA

Presupuestos ¿participativos?

En política, el lenguaje es un campo de batalla. Hoy, por ejemplo, en Europa se lucha por definir el significado de democracia: para unos se reduce al acto de votar, para otros es un concepto indisociable de derechos sociales e igualdad. Por eso, cuando un determinado discurso se hace ganador, lo que normalmente hace el adversario no es rechazarlo, sino apropiarse de él, robar las palabras para darles el significado que más conviene a sus intereses.

Para Cambiemos Orihuela, una de esas palabras clave fue 'participación', eje central de nuestro proyecto. No inventábamos nada, tan solo trasladábamos al escenario local una reivindicación central, al menos, desde el 15M: la necesidad de desarrollar mecanismos participativos que permitieran a la gente adueñarse de instituciones largo tiempo secuestradas por poderes económicos y financieros. Además, parecía lógico señalar que los gobiernos locales por su cercanía, tamaño y competencias, son un espacio privilegiado para desarrollar nuevas formas de participación.

Por ello, en septiembre de 2015, propusimos al gobierno local que iniciase un proceso de Presupuestos Participativos. Propuesta rechazada por C's y PP a través del señor Almagro. El mismo que hoy presume de estar haciéndolos.

No es que el edil de Hacienda o sus compañeros hayan tenido el síndrome de San Pablo. No han caído de ningún caballo cegados por una luz conversora. No es que crean en la participación, tan sólo están apropiándose la palabra.

Tanto Marta Guillén como yo hemos asistido a dos de los encuentros 'participativos' organizados por el Ayuntamiento con el objetivo de evaluarlos con cierto conocimiento de causa. Tras ello, creo que podemos señalar algunos defectos que permiten dudar del carácter participativo de los presupuestos.

En primer lugar, la participación debe ir asociada a la información. Invitar a vecinos y asociaciones a hacer propuestas sin darles ni una pista sobre la previsión de gastos e ingresos, sin especificar de cuántos recursos se disponen para inversiones o gasto social, puede ser una trampa. Del mismo modo, combinar sin claridad reuniones privadas con pequeñas asambleas genera indefensión, puesto que todo apunta a que unos vecinos o asociaciones disponen de más datos que otros según su afinidad ideológica o personal al alcalde, edil de hacienda o a C's (el resto de concejales del PP pintan poco, parece, dentro del propio gobierno).

En segundo lugar, el proceso carece de garantías democráticas. La participación implica un reparto de poder. Un proceso participativo, cuando es real, supone renunciar al monopolio de la autoridad por parte del gobierno. 'Mandar obedeciendo' decían los zapatistas. Un proceso participativo debe abrir un diálogo colectivo donde las conclusiones del pueblo puedan marcar la agenda más allá de la voluntad del propio gobierno. Sin embargo, el actual, de momento, no cuenta con ninguna garantía o voluntad de compartir poder con la ciudadanía.

Lo que hace el señor Almagro es confundir el derecho a la participación con el derecho de petición. Invita a la gente a pedir sin debatir, solicitar sin conocer y demandar sin decidir. Tanto a Marta como a mi nos fue muy útil conocer demandas o problemas de diversos ciudadanos y asociaciones, pero, insisto, eso no es un proceso participativo, porque está fuera de cualquier marco deliberativo o del necesario ciclo de 'Información-Consulta-Decisión'.

Desde su reaparición moderna en Porto Alegre, allá por 1989, la etiqueta 'presupuestos participativos' ha englobado procesos muy diferentes y heterogéneos. Tan es así que, diversas investigaciones, organismos e instituciones han tratado de recoger algunos principios que deben recoger los procesos participativos para ser dignos de ese nombre. En general, los presupuestos participativos pueden evaluarse bajo diferentes dimensiones: inclusividad (quién participa), intensidad (cuán pedagógico, enriquecedor y fructífero es el proceso) o influencia (cuán vinculante y decisorio es). Del mismo modo, un presupuesto participativo debe autorregularse, contar con unas reglas del juego transparentes para los participantes y tener un calendario preciso con objetivos definidos. También puede desarrollarse el 'Grupo motor' esto es, un conjunto independiente de vecinas y vecinos que impulse el proceso y participe en su reglamentación sin la tutela permanente del Ayuntamiento. También resulta interesante fomentar observatorios ciudadanos para fiscalizar y controlar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso.

Como comprenderán, analizado bajo estas categorías, el 'presupuesto-Almagro' es extremadamente pobre. Con todo, Cambiemos Orihuela ha animado a la gente acudir a las convocatorias. Para exigir más apertura, pedir garantías y, por qué no, reclamar un mayor poder de decisión. También para fiscalizar cuántas de las promesas que el gobierno lleve a cabo aparecen en los presupuestos (a algunos les sale demasiado barato prometer y mentir en diversos foros).

Me temo, sin embargo, que el interés del gobierno de Orihuela no es lograr un proceso de participación, sino de escenificación. Una suma de fotos e imágenes que dé apariencia de realidad a una ficción. O quizá les pase que confundan participación con paternalismo igual que hay quien confunde, como decía Galeano, la pornografía con el erotismo. En fin, sea como sea, esperemos que no perviertan demasiado el concepto 'presupuestos participativos', quizá dentro de 3 años sí tengamos un gobierno con la voluntad real de hacerlos. Nos hará falta mucha ayuda para lograrlo.