La cuchara en la tarta

Ximo Puig no cesa en su empeño de fagocitar vía decreto las diputaciones. A partir de la próxima semana hará efectivo este proceso con la aprobación de una serie de medidas encaminadas a arrebatar competencias a estas instituciones para asignárselas a una comisión integrada por la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La función de esta comisión será «coordinar acciones políticas con los ayuntamientos y diputaciones». Es decir, para hacer lo que ya hacen cada una de las diputaciones en sus respectivas provincias, pero bajo la supervisión de una especie de gran hermano valenciano. Los planes de Puig chocan incluso con sus correligionarios de Alicante, conscientes de la importancia que la Diputación tiene para las comarcas y localidades más desfavorecidas de la provincia.

Puig plantea varios argumentos para justificar su intervención encubierta de las diputaciones provinciales. Además de las que tienen un cariz organizativo -mejorar la gestión, incrementar la coordinación entre administraciones, sumar en lugar de dividir...-, están las que son claramente políticas. Probablemente sean éstas, y no las primeras, las que guían los pasos del Consell a la hora de meter la cuchara en la tarta provincial. Ximo Puig afirmó esta misma semana que las diputaciones han sido el ejemplo más claro del despilfarro y la corrupción del PP, con Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín_Ripoll. El argumento es de lo más peregrino: el problema de la corrupción en las diputaciones no han sido las diputaciones en sí mismas, sino las personas que estuvieron al frente de ellas. Por esa misma regla de tres, las competencias de la Generalitat habría que devolvérselas al Gobierno central porque el Consell también ha sido ejemplo de descontrol, derroche y corruptelas de todo tipo. Claro, no es lo mismo que al frente de las instituciones, como es el caso de la Diputación de Alicante -y de la de Castellón- estén adversarios políticos que compañeros de partido.

En estas mismas líneas hemos defendido la importancia para la provincia de Alicante de una institución como la Diputación, herramienta eficaz y próxima para la coordinación de actuaciones en parcelas como infraestructuras, culturas, deportes y turismo. Buena parte de estas competencias son las que la Generalitat quiere asumir. Desde luego, es la manera más eficaz de justificar la supresión de una institución: vaciarla de contenido. Esta apuesta por el centralismo, o más bien por la recentralización, es contemplada desde Valencia como un esfuerzo por coordinar esfuerzos. Sin embargo, desde la provincia de Alicante, la experiencia de épocas anteriores hace temer lo peor: una vuelta a los primeros años de gobierno autonómico en los que las decisiones se tomaban exclusivamente por y para el cap i casal. En el fondo, es una cuestión de dinero. Las diputaciones tienen sus arcas saneadas y la Generalitat las tiene saqueadas. El Consell carece de liquidez para financiar campañas de promoción turística ni patrocinios de ningún tipo, así que nada mejor que embargar las cuentas de las diputaciones.

La idea de suprimir las diputaciones no es hegemónica de los partidos que sustentan al actual Consell._De hecho, una formación de nuevo cuño, como Ciudadanos, es la que enarbola con mayor empeño la necesidad de suprimir una institución que califican como absolutamente innecesaria. El portavoz de Cs en Les Corts, Alexis Marí, fue muy claro esta misma semana: «Las Diputaciones reciben mucho dinero, pero dan muy poco». Supongo que cuando el señor Marí habla de «dar muy poco» no se refiere a los puestos de confianza que su partido tiene en la Diputación de Alicante. El ejercicio de cinismo de Ciudadanos en este aspecto es encomiable: defienden la supresión de las diputaciones, pero no solo no renuncian a su único escaño en Alicante, como muestra clara de su apuesta por la disolución de la cámara provincial, sino que hacen todos los esfuerzos posibles para llenar sus despachos de asesores o para colocar la frente de instituciones como el ADDA o el Marq a cargos de confianza. En algunos casos, los candidatos son rebotados de las filas del PP que, desde luego, no destacaron por su capacidad de gestión cuando tuvieron responsabilidad de gobierno.