La autopista más rentable repité récord

La gestora de la autopista de peaje AP-7 se va a embolsar 1.500 millones de euros llegados directamente de nuestros bolsillos, a través de un contrato con el Estado que, a los ciudadanos de a pie, nos suena a malversación. No sabemos cómo el Ministerio de Fomento, entonces dirigido por Magdalena Álvarez, pudo firmar un contrato de ampliación del periodo de peaje tan nefasto para los intereses de los ciudadanos, sean o no automovilistas, ya que una de las cláusulas implicaba que, si no aumentaba el tráfico y por tanto los ingresos por peajes, el Estado repondría esa merma. La estupidez de firmar una cláusula así es obvia, pero es lo que hay.

La 'Autopista del Mediterráneo', primera vía de este tipo construida en España, está amortizada según los informes desde mediados de los años ochenta, la bagatela de hace 30 años en los que diferentes gobiernos del PSOE, del PP y de nuevo del PSOE, han prorrogado su peaje con las fórmulas más peregrinas posibles, con el objetivo final de aumentar los beneficios de la concesionaria y perjudicar a los ciudadanos. Ninguna ampliación del peaje nos parece tan grave como el pago director de los actuales 1.500 millones de euros. En los casos anteriores, al menos sólo los automovilistas que pasábamos por la misma sufríamos el peaje, pero ahora se ha repercutido a toda la sociedad este curioso 'impuesto'.

El problema no son sólo los peajes que han pagado de más los conductores o esos 1.500m 'kilos'. Miles de personas han perdido la vida porque, al no tomar la autopista, han sufrido accidentes en la carretera nacional, travesías o rutas alternativas mucho menos seguras y con exceso de tráfico. Y también hay un perjuicio económico a las empresas. La actividad local y exportadora se resiente con esos mayores costes que, si bien fueron una ventaja en su día al facilitar un transporte de calidad cuando no existía en el resto de España, ese sobrecoste debió cesar cuando la autopista quedó mucho más que amortizada. Ahora, a seguir pagando.