La Guardia Civil esclarece 122 delitos de estafa bancaria en Moraira

La Guardia Civil esclarece 122 delitos de estafa bancaria en Moraira

La Benemérita descubrió los datos personales y bancarios de 14.000 personas durante una operación

LAS PROVINCIAS
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La Guardia Civil ha esclarecido, en Moraira (Alicante), 122 delitos de estafa bancaria por valor de unos 125.000 euros, concluyendo así la investigación abierta tras la detención de dos personas de nacionalidad británica, el pasado mes de junio de 2016, en la localidad de Benitachell.

A mediados de junio del año 2016, agentes de la Guardia Civil detenían en Benitachell (Alicante), a un británico de 29 años por ser el presunto autor de dos delitos de estafa bancaria, realizados mediante pagos con tarjetas de crédito duplicadas, poniendo en busca y captura por los mismos delitos a otro hombre, también británico de 39, que vivía con el detenido.

Durante el registro de la vivienda, la Guardia Civil descubrió un cultivo de marihuana, que contaba con casi medio centenar de plantas, y un vehículo con placas de matrícula falsificadas, que había sido robado en el Reino Unido. También se encontraron diversos artículos electrónicos comprados por internet, con las tarjetas de crédito, entre ellos un ordenador que estaba siendo analizado en el marco de la investigación.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad a la espera de juicio, y es ahora cuando ha finalizado la investigación del contenido del ordenador portátil, que se hallaba en poder de los británicos.

Una compleja investigación

Durante el análisis minucioso del ordenador, los agentes encontraron en una de las particiones del disco duro, un pequeño archivo oculto con complejos métodos. Se trataba de una hoja de cálculo en la que se encontraban los datos completos de más de 14.000 tarjetas de crédito de todo el mundo.

Las tarjetas bancarias, pertenecientes a entidades de ámbito nacional e internacional, disponían de toda la información relativa a las mismas: datos personales de los titulares (documento de identificación, teléfono, mail, dirección, etc…), fecha de caducidad y número de verificación de la tarjeta (CVC) que es necesario para realizar compras por internet y por teléfono.

Con todos estos datos, los presuntos autores podían saltar todos los protocolos de seguridad que se establecen para las compras por internet, realizándolas, y cargando el importe a los titulares con total impunidad.

Una vez con el listado en su poder, los agentes del Puesto de Moraira tuvieron un complicado trabajo por delante que les ha llevado todos estos meses.

Uno a uno, cotejaron cada titular, más de 14.000 personas, con las denuncias interpuestas en todo el territorio nacional en la búsqueda de afectados por las estafas.

Al mismo tiempo contactaron con las entidades bancarias nacionales, para informarles de los titulares cuya información personal y de sus tarjetas había sido comprometida. De esta forma, han conseguido prevenir a esos usuarios, que han podido establecer las medidas oportunas para asegurar sus cuentas.

Más de un centenar de delitos

Tras recopilar toda la información y recibir copia de todas las diligencias realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el territorio nacional, han podido constatar un total de 122 casos de estafa, ascendiendo el valor de las compras fraudulentas realizadas a más de 125.000 euros, todas ellas a través de internet y de conocidas tiendas on line.

Si bien el presunto autor realizaba las compras dando preferencia a personas del listado con residencia en las localidades de Moraira, Jávea y Calpe, dada la cercanía a su lugar de residencia, también se ha comprobado que existen afectados en Valencia, Murcia, Málaga, Almería, Castellón e Islas Baleares. Los hechos delictivos comenzaron en 2011 y habrían durado hasta principios de este mismo año.

La investigación ha puesto de manifiesto la proliferación de este tipo de delitos, cuyo modus operandi consiste en hacer el pedido por internet con los datos duplicados de otra persona, y dar una dirección errónea, pero un teléfono de contacto correcto. Así el encargado del transporte, compañías de mensajería muy conocidas, se pone en contacto con el receptor del paquete, para verificar la dirección, y es el receptor quien ofrece quedar en un punto de encuentro para recoger el paquete. En el momento de la recogida, dando por hecho que es el receptor del paquete al haber contactado con él por teléfono, el repartidor no le solicita ningún tipo de documentación acreditativa de su identidad, colaborando sin saberlo con el proceso de estafa.

El presunto autor de las estafas, este ciudadano británico de 29 años, se encuentra en paradero desconocido, por lo que ha sido decretada una orden de detención por el juzgado que entiende el caso.

Durante las investigaciones los agentes averiguaron que los sospechosos supuestamente utilizaron este sistema para apropiarse de las claves de unos 40 profesores, a través de las cuales accedieron a sus cuentas personales de la intranet de la universidad y a sus correos electrónicos desde una serie de direcciones IP relacionadas con la red TOR.

La red TOR es una red de comunicaciones distribuida por encima de la capa de internet de manera que nunca se revelan los datos de los usuarios que la utilizan, manteniéndose así como una red privada y anónima.

Continuando con las investigaciones los policías averiguaron que las calificaciones de muchos exámenes y trabajos suspendidos en un primer momento, posteriormente aparecían como aprobados con una buena nota en las actas, para lo cual presuntamente interceptaban el mensaje de aviso de cambio de nota que el sistema informático enviaba al docente, evitando que éste se percatara. Las calificaciones finales eran publicadas en las actas oficiales sin que nadie se percatase del fraude.

Como consecuencia de las investigaciones los agentes averiguaron la identidad de los sospechosos que fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de acceso ilícito a datos y programas informáticos, daños informáticos, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y falsedad de documento público.

Las investigaciones continúan para determinar si los sospechosos también habrían tenido acceso a pruebas escritas con anterioridad a la realización de las mismas.

Los detenidos, sin antecedentes policiales, tras ser oídos en declaración han sido puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.

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