El gobierno de Benitatxell evita de forma temporal que le bajen el sueldo

Los ediles de Poble Nou de Benitatxell en un momento del pleno celebrado ayer. / b. Ortolà

El alcalde se ampara en un informe jurídico para dejar sobre la mesa el cuarto punto del orden del día sin consultar con el resto de la corporación

B. ORTOLÀ BENITATXELL.

El equipo de gobierno de Poble Nou de Benitatxell consiguió ayer salirse con la suya al aplazar 15 días la votación del cuarto punto de pleno extraordinario, celebrado ayer, en el que la oposición solicitaba reducir las retribuciones de los ediles «de los cerca de 2.000 euros brutos que cobran ahora a 600 euros para el alcalde y 250 euros para los cargos de delegaciones».

Esta petición se trasladará al Consell Jurídic Consultiu para que analice su validez. Una decisión tomada única y exclusivamente por el alcalde, Josep Femenia, sin consultar con el resto de los ediles de la corporación ni realizar ninguna votación. Un as en la manga que se sacó el primer edil amparándose en un informe jurídico firmado por el abogado Daniel Agulló Mateo, a petición del propio Femenia.

Además de recomendar acudir al Consell Jurídic Consultiu, en el texto del letrado, que leyó el secretario del consistorio poblero, se aseguraba que la solicitud por parte de la oposición para celebrar el pleno «no cuenta con las motivaciones y explicaciones por la que se propone la bajada de sueldos de los ediles». Para el experto, «al carecer el punto de motivación, podía inferirse que obedecía a razones personales o políticas, por lo que, de ser así, la oposición podía incurrir en desviación de poder e incluso entrar en el umbral del delito penal».

Ante esta conclusión, Agulló dedujo en su escrito que los ediles de la oposición «podían estar utilizando una vía no legítima para forzar la dimisión del alcalde y sus concejales en lugar de acudir a la herramienta que sí prevé la ley, que es la de presentar una moción de censura». También se cuestionó si era necesario convocar un pleno extraordinario para realizar esta solicitud, «dado que podía llevarse a un pleno ordinario».

Otra objeción del experto fue que las dedicaciones y retribuciones «no se pueden aprobar ahora con efectos retroactivos, que es lo que pretendía la oposición, dado que quería que se aplicaran a fecha 20 de septiembre». El jurista dio en su texto máxima potestad al alcalde para tomar la decisión pues «es el órgano competente para cambiar las retribuciones, quien eleva la propuesta al pleno para su aprobación».

Por otra parte, le atribuyó la capacidad de desestimar un punto del orden del día del pleno e incluso anular toda la sesión plenaria. Aunque recomendó al ejecutivo local emplazar a los firmantes de la petición a que subsanen el error de la solicitud. Por todo ello el primer edil decidió suspender hasta dentro de quince días la votación del punto.

Tras conocer la decisión del alcalde, desde la oposición aseguraron que el ejecutivo local «había coartado los derechos de los concejales al no dejar votar hoy».

A pesar de que el cuarto punto del orden del día del pleno quedó sobre la mesa, los otros tres sí se votaron y fueron aprobados gracias a la mayoría de la oposición. En estos se solicitaba celebrar plenos ordinarios cada mes, disolver la junta de gobierno, así como devolver sus competencias al pleno y cambiar la representación de los ediles en los órganos colegiados.

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