Dénia redactará nuevas normas urbanísticas, se expondrán al público y suspenderá licencias

La edil de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, el acalde Vicent Grimalt y el vicealcalde Rafa Carrió.
La edil de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, el acalde Vicent Grimalt y el vicealcalde Rafa Carrió. / B. O.

El Plan General de 1972 está vigente hasta que la conselleria someta a participación ciudadana el documento que sustituye al RUT anulado

B. ORTOLÀ DÉNIA.

La anulación del Régimen Urbanístico Transitorio (RUT) por parte del Tribunal Supremo ha obligado al Ayuntamiento de Dénia y a la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración de Territorio a buscar una solución de urgencia para evitar el caos urbanístico que supone regirse por el Plan General de 1972.

De esta forma, el ejecutivo del PSPV y Compromís ha decidido, tras varios contactos con la conselleria, redactar unas nuevas Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia (Nudu), anteriormente RUT. Según explicó la concejal de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, este documento estará listo en dos semanas: «se trata del mismo que el anterior pero con el error subsanado y la adaptación de algunos puntos a la nueva ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup)».

Tras su redacción, el documento se remitirá a la conselleria para que se tramite la exposición pública e inmediatamente se suspenderán licencias en la capital de la Marina.

Mientras se llevan a cabo estos trámites administrativos, el equipo de gobierno dianense seguirá trabajando en la elaboración del nuevo Plan General Estructural (PGE), que se prevé que esté listo para someterlo a información pública a finales de año y que pueda aprobarse a principios de 2018.

Así lo explicó ayer la edil de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, quién confirmó que el municipio dianense deberá regularse, al menos dos semanas, mediante la obsoleta normativa urbanística de 1972.

Según la responsable de Urbanismo, durante este breve espacio de tiempo el consistorio deberá realizar un exhaustivo control de las licencias que puedan solicitarse o que ya están en tramitación. A este respecto, Ripoll comentó que las licencias más rutinarias como son las de obra menor «no tendrán ningún problema porque son las que afectan al patrimonio edificado».

Las trabas pueden aparecer con los permisos de obra mayor, «habrá muchas que ya pueden darse porque cumplen con todos los trámites pero otras, en cambio, deberán de analizarse detenidamente», incidió.

La edil calificó la situación que el consistorio vivirá durante las próximas semanas de «alejada de la realidad actual que vive la ciudad, no hay que perder de vista que el PGOU de 1972 se fundamenta en la Ley de Suelo del año 1956». Por esta razón, Ripoll remarcó la dificuldad de que se expedite una licencia amparándose en el plan de 1972: «choca con diferentes normativas actuales como por ejemplo el estudio de edificación paisajística. Sería difícil que pudiera consolidarse un proyecto».

Por su parte, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt quiso salir al paso de las declaraciones de la oposición que achacaba al gobierno local la responsabilidad de la actual situación por no haber aprobado una propuesta de PGE, días antes de las pasadas elecciones.

Respuestas a las críticas

Según el primer edil «todos los partidos decidimos dejar sobre la mesa la propuesta, excepto el Partido Popular que la había presentado». Además recordó que «tan solo unos días después» la Confederación Hidrográfica del Júcar tumbó dicho proyecto.

Respecto a su finalización, Grimalt aseguró que el equipo de gobierno «tiene la convicción de que el trabajo debe realizarse sin prisas. No vamos a dar ningún paso en falso, queremos tener los informes pertinentes que nos indiquen que estamos haciendo bien las cosas».

La estrategia que ha decidido seguir el consistorio dianense no ha sido del agrado de Ciudadanos. Según Sergio Benito la mejor opción es ceder las competencias a la Generalitat, «el gobierno de Dénia no está capacitado para este proyecto, debería ser la conselleria quién tome el mando». Benito instó al ejecutivo a que deje al Consell que elabore un nuevo documento, NUTU, que puede tener una vigencia máxima de dos años, y en ese tiempo se elabore el nuevo Plan General Estructural.

Por su parte, el Partido Popular recriminó al ejecutivo local que no diera ninguna solución a las preguntas que hicieron en la reunión de portavoces celebrada ayer.

De hecho, apuntaron que «se limitó a culpar al anterior conselleria, que tuvo una sentencia favorable del TSJ por el mismo asunto en el año 2015». Además, los populares aseguraron que el equipo de gobierno dijo que el PGE no se pudo aprobar por el informe desfavorable del la CHJ, pero desde el PP aclararon que «las deficiencias se hubieran podido subsanar en apenas unas semanas».

También dijeron que el ejecutivo se escudó ayer en que «esto es culpa de la moción de censura».

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