Dénia reclama 59.547 euros a la viuda e hijo del exedil del PSPV que apoyó la moción de censura

El ejecutivo de Dénia, formado por PSPV y Compromís, en el pleno de noviembre de 2015 cuando se desveló la sentencia del TSJ.
El ejecutivo de Dénia, formado por PSPV y Compromís, en el pleno de noviembre de 2015 cuando se desveló la sentencia del TSJ. / TINO CALVO

El ejecutivo manda una carta a la familia del tránsfuga Juan Collado para pedir el dinero por los cobros «indebidos» desde 2008 a 2011

R. G./REDACCIÓN DÉNIA.

La venganza por la moción de censura que desbancó a la socialista Paqui Viciano de la alcaldía de Dénia en 2008 parece que no tiene límites. El Ayuntamiento de Dénia, gobernado por PSPV y Compromís, remitió recientemente una carta a la mujer e hijo del tránsfuga socialista ya fallecido que permitió ese cambio, Juan Collado. En ella, se les reclama a la viuda y al pequeño de doce años un total de 59.547 euros en concepto de cobros «indebidos» que había percibido Collado cuando pasó a formar parte del nuevo ejecutivo local liderado por el PP.

La misiva a los herederos del exedil socialista, que murió en abril de 2015, se remitió al municipio turolense de Peralejos. Allí los familiares recibieron el documento sobre el «inicio del expediente de reclamación de pagos indebidos» a Juan Collado. En él se detallan las retribuciones brutas que recibió desde el 14 de julio de 2008 hasta que cesó, el 10 de junio de 2011, que ascendieron a 129.921 euros, que líquidas quedaban en casi 96.850 euros.

Asimismo, se estima la cantidad que el exedil socialista habría ingresado en caso de haber mantenido la situación anterior a la moción de censura. Al restar esa cifra del total cobrado, sacan el dinero que percibió indebidamente y que ahora piden que regrese a las arcas municipales.

El expediente incide en que, debido a la muerte de Juan Collado, «procede [...] dirigir el presente procedimiento de reintegro de pagos indebidos contra los herederos del fallecido, o en su caso contra la herencia yacente del mismo».

Cabe recordar que a finales de junio de 2008 los cuatro partidos políticos de la oposición de Dénia, PP, Gent de Dénia, Centre Unificat, PSD, y el tránsfuga del PSPV, presentaron una moción de censura que, tras prosperar en julio de ese año, asumieron las riendas del consistorio con la popular Ana Kringe al frente. Collado, tras los pertinentes informes municipales, fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno, con delegación y dedicación exclusiva.

Recursos

El PSPV presentó recursos de reposición contra estas decisiones del pentapartito al considerar que un tránsfuga no podía beneficiarse de unas atribuciones que no tenía antes de apoyar la moción. La subdelegación del Gobierno en Alicante también interpuso un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos del ejecutivo de Dénia. Y en febrero de 2010, un juzgado de Alicante planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal competente.

Unos meses después de las elecciones de 2015, con un ejecutivo liderado por el PSPV, el alcalde, Vicent Grimalt, desveló que habían encontrado guardado en un cajón el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en el que se declaraba la nulidad, por no ser conformes a derecho, de las resoluciones de Alcaldía en las que se nombraba a Collado miembro de la Junta de Gobierno y se le otorgaban las delegaciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el punto del pleno en el que se le concedía la dedicación exclusiva y se fijaban las retribuciones a percibir , de 44.671 euros anuales. En el pleno de noviembre de ese año, la Corporación de Dénia aprobó por unanimidad poner en marcha una comisión de investigación por la «ocultación» de la sentencia del TSJ que obligaba al concejal tránsfuga, fallecido unos meses antes, a retornar el dinero, que en aquel momento se cifraba en 130.000 euros.

Posteriormente, en mayo de 2016, esa comisión propuso declarar responsable política a la exalcaldesa de Dénia, Ana Kringe, por ocultar la notificación del fallo judicial del TSJ. El dictamen marcaba, además, la petición de un informe jurídico sobre la viabilidad de exigir el reintegro del dinero a la familia del exconcejal. En caso de que no poder reclamar a los herederos, estaba previsto solicitar un informe para ver si se podía pedir responsabilidad patrimonial a los once concejales que respaldaron la moción de censura.

Además, en el documento de la comisión de investigación, presidida por Álex Rodenkirchen (Podemos) se recoge la declaración del secretario municipal en la que dice que «se recibieron órdenes de no darle publicidad» a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Estas conclusiones, documentos y declaraciones, se remitieron al fiscal para que estudiase si existían indicios de criminalidad.

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