El caos urbanístico se acentúa en Dénia tras anular el Supremo las normas transitorias

La zona del Bosc de Diana, de la ciudad de Dénia, y al fondo el Montgó. / c. pastor

Conselleria y el ejecutivo barajan soluciones para evitar que entre en vigor el planeamiento de 1972 que incumple toda la normativa actual

CONCHA PASTOR DÉNIA.

El «caos urbanístico» que vive Dénia desde hace muchos años se acentúa tras el último varapalo judicial del Tribunal Supremo. Y es que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal han dejado claro que el Régimen Urbanístico Transitorio (RUT) es nulo y entra en vigor el más que obsoleto Plan General de 1972.Un planemiento que incumple toda la legislación urbanística actual.

Este fallo obedece al recurso de casación interpuesto por una mercantil con terrenos en el Bosc de Diana, contra el Decreto de 2013 del Consell que suspendía la vigencia del PGOU de hace 45 años y establecía el RUT. En la sentencia, ante la que no cabe recurso, el Supremo declara la «nulidad» del Decreto por «ser contrario al ordenamiento jurídico». Antes, la empresa recurrió ante el TSJ que desestimó esta petición y que ahora el Supremo sí ha tenido en cuenta.

El motivo principal de la decisión judicial es que el proceso de aprobación del RUT no fue sometido en su día información pública con el fin de «garantizar la participación de los ciudadanos».

La sentencia hecha pública ayer por este periódico cayó como un jarro de agua fría tanto entre los políticos, como en el sector de la construcción, promotores, albañiles, fontaneros, electricistas y todo el sector servicios.

Desde el equipo de gobierno de PSPV-Compromís, la concejal de Urbanismo, Maria Josep Ripoll, declinó hacer valoraciones a la espera de estudiar bien el fallo judicial. Y tampoco quiso pronunciarse sobre la propuesta hecha, al parecer, hace un año por un representante de la empresa en la que supuestamente planteaba la intención de retirar el recurso si se incluía el convenio del Bosc de Diana en el Plan Estructural que se está redactando. Algo que no se produjo, sino que al parecer se les rebajó la edificabilidad.

Desde el ejecutivo informaron que estaban en conversaciones con la conselleria para analizar la situación y buscar soluciones ante lo que algunos expertos urbanistas tildaron de «situación caótica, crítica y comprometida». Elportavoz de Compromís, Rafa Carrió, comentó que es el Consell quien debe buscar soluciones al conflicto creado, eso sí, «con la colaboración del ayuntamiento» y que se «está trabajando para evitar que entre en vigor el planeamiento de 1972». Según apuntó el edil de Ciudadanos, Sergio Benito, desde el Consell se está barajando la posibilidad «retirar las competencias urbanísticas a Dénia, porque pese a las promesas del alcalde en 2015 de que el PGE estaría en un año, el ejecutivo no ha sido capaz tenerlo aún». Además, comentó que otra alternativa que podría valorar la conselleria sería «exponer al público el Régimen Urbanístico Transitorio (RUT), que ya está agotado».

Benito fue especialmente crítico con la edil de Urbanismo y el encargado de la redacción de los trabajos del PGE, «por su exceso de orgullo. No han aprovechado el trabajo hecho en el anterior PGE y han querido empezar desde cero». De hecho, aún no se ha presentado ni la versión preliminar del nuevo planeamiento de Dénia.

Desde el PP, María Mut, responsabilizó de lo ocurrido al PSPV, «ya que se negó a aprobar el anterior PGE pese a que recogía todas las exigencias de los socialistas y estaba consensuado por los técnicos de todos los partidos políticos».

El concejal de GD-CU, Miguel Llobell, lamentó lo ocurrido con la anulación del RUT, recordó que la situación urbanística de Dénia es un caos e incidió en que finalmente quién toma las decisiones en materia urbanística es la conselleria. Para el edil de Podemos, Alex Rodenkirchen, «la decisión del Supremo es un jarro de agua fría para todos».

Desde la Generalitat expresaron su «preocupación por la inseguridad jurídica que marcó la manera de actuar del anterior gobierno valenciano del PP». Y recordaron que el RUT se aprobó en 2013 a propuesta de la exconsellera Isabel Bonig y a instancias del gobierno municipal del PP.

En su escrito, apuntaron que los servicios jurídicos de la conselleria buscan de manera urgente una respuesta jurídicamente viable que permita dar seguridad jurídica y urbanística al Ayuntamiento de Dénia.

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