La Audiencia Provincial deja sin efecto la orden que impedía a un agente de Dénia acercarse a un edil

El policía asegura que hay una campaña contra él por su labor sindical y el concejal declina pronunciarse hasta que se emita una sentencia

R. G. DÉNIA.

Poco más de dos meses ha durado la medida cautelar adoptada el pasado 22 de enero por el Juzgado de Instrucción nº3 de Dénia que prohibía a un agente de la Policía Local acercarse a menos de 50 metros del concejal de Seguridad Ciudadana. La Audiencia Provincial de Alicante ha «dejado sin efecto» la orden que había dictado el juez tras haber exhibido el policía en el pleno de diciembre una camiseta con el lema 'mar i cona'.

Según comentó entonces el concejal, las actitudes homófobas habían comenzado en las redes sociales, «que es objeto de denuncia» y a raíz de ese incidente en la sesión plenaria amplió la denuncia.

En el auto de la Audiencia se indica que no se estima que concurran «todos los requisitos que justificarían la adopción de medidas cautelares». También se incide en que «no se subjetiva situación de riesgo para el perjudicado» y que el agente no se dirigió en el pleno «de forma directa al edil». Además, apunta que aunque se admitiera que se dirigía a Scotto pretendiendo menospreciarlo por su condición sexual, la medida de orden de alejamiento es «desproporcionada al acto puntual de exhibirse con una camiseta con una grosería pretendidamente velada pero patente a ojos de los testigos».

Sin embargo, matiza que la anulación de la orden de alejamiento no implica que puedan adoptarse medidas más adelante, a lo largo del procedimiento, si «varían las circunstancias actuales».

Asimismo, remarca que los hechos objeto de la querella inicial tienen «difícil encaje en el delito de odio» ya que la publicación en una red social de mensajes que «contienen críticas» al edil, al Ayuntamiento de Dénia y al jefe de la Policía Local «están amparados en el derecho fundamental a la libertad de expresión. No obstante, puntualiza que esa libertad tienen sus límites «cuando entra en confrontación con el derecho al honor y a la propia imagen, entre otros, no pudiendo descartarse que los hechos puedan, en su caso, ser constitutivos de un delito contra el honor». Y añade que la autoría de esos mensajes está siendo objeto de investigación.

El agente, en un comunicado, hizo pública la decisión de la Audiencia y pidió «el respeto que mi figura merece como persona íntegra, profesional, al servicio y dedicación durante más de 30 años al ciudadano. El policía afirmó que existe una «campaña de difamación orquestada por el edil» que persigue «desacreditar a mi persona por mis acciones como delegado sindical, reivindicando la buena imagen de los cuerpos de seguridad locales [...] frente a campañas vejatorias y humillantes y que atentan contra dicha seguridad, todas ellas auspiciadas desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana».

Además, reprochó que se gasten fondos públicos en «emprender acciones judiciales, en batallas personales, y que no impedirán que continúe con mi labor sindical».

Por su parte, Javier Scotto remarcó ayer que no quería hacer declaraciones al respecto, al igual que sucedió a finales de enero, cuando se dictó la orden de alejamiento. El concejal aseguró que hasta el final no se pronunciará, cuando ya haya una sentencia respecto a sus denuncias.

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