Las Provincias

La Comunidad de Regantes de Pego deja sin justificar más de 351.000 euros de tres años

Los campos de arroz que cultivan los grupos pertenecientes a la Comunida de Regantes de las tierras arrozales de Pego. :: B.O.
Los campos de arroz que cultivan los grupos pertenecientes a la Comunida de Regantes de las tierras arrozales de Pego. :: B.O.
  • La actual gestora aporta un informe que no pudo ser debatido en la asamblea de los agricultores al ser impugnada la sesión

A la Comunidad de Regantes de las tierras arrozales de Pego no le salen las cuentas. Un informe realizado por dos auditores sobre la revisión de cobros y pagos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 revela que la anterior directiva, que estuvo encabezada por José Sastre como presidente (dimitió hace unos meses de su cargo) y la secretaria Maite Ferrándiz, dejó sin justificar un total de 351.755 euros.

Así lo comunicó la actual Junta Gestora de la comunidad tras la celebración de la asamblea general celebrada el domingo, que finalmente se aplazó para dentro de un mes.

Según la documentación que repartió la eventual directiva a los regantes que lo solicitaron, en el ejercicio 2013 hay 122.090 euros que los dos auditores afirman que no han podido documentar, «no se ha justificado el gasto con un documento que cumpla los requisitos formales exigidos».

En 2014, la cantidad sin justificación ascendía a 152.689, mientras que en el pasado ejercicio, la directiva de Sastre no pudo explicar el pago de 76.976 euros. Entre estos gastos sin documentación acreditativa destacan los que se realizaron a Ferrándiz y al entonces presidente Sastre.

Según el informe, durante este periodo, la secretaria cobró 21.744 euros de los cuales 14.545 euros están sin documentar. Mientras que el presidente de la Comunidad de Regantes apercibió, entre los años 2013 y 2015 32.909 euros, de los cuales, los auditores no han encontrado los justificantes de 22.809 euros. En el último caso, apuntaron algunos propietarios, tiene el agravante de que las ordenanzas de la comunidad señalan que el cargo de presidente es honorífico y gratuito, «pero Sastre ha estado percibiendo una nómina y además ha cargado gastos a la comunidad bajo conceptos como caza de jabalíes o trabajos realizados , entre otros».

Unos gastos de los cuales «la Comunidad no lleva el control de lo que le pagan», indican los auditores en su informe. En cuanto a Ferrándiz, los datos confirman que los regantes «han estado pagando las facturas por importes de 1.531 euros en 2015 y 2.125 euros, del teléfono móvil que corresponde la secretaria». Pagos que, según indican «no hemos visto que hubieran sido aprobados en ninguna acta».

En el documento, los auditores también remarcan que la retribución que cobran los empleados de la Comunidad «es superior a los importes que se declaran a Hacienda y por los cuales se cotiza a la Tesorería de la Seguridad Social». Además afirman «no haber visto» comprobantes de la presentación del impuesto de sociedades ni del modelo 347 para ninguno de los ejercicios revisados.

Los auditores revelan que en los tres años «hay acreedores que reciben en un año más pagos que facturas o notas emiten y no se puede afirmar que sea por saldos arrastrados de ejercicios anteriores porque no se lleva la contabilidad».

Impugnación de la reunión

Todos estos datos que aportaron los miembros de la actual junta gestora no pudieron ser debatidos en la junta general. De hecho, no se pudo tratar ninguno de los nueve puntos que llevaba el orden del día.

Según indicaron algunos propietarios presentes en la reunión, los compases iniciales fueron un calco de la anterior junta general en la que el exalcalde Carlos Pascual tomó la batuta desde el primer minuto para descalificar a toda aquella persona que se opusiese a la antigua directiva. Una estrategia que siguió «para que no se pudiese tratar el tema del desajuste de los presupuestos», según indicaron muchos regantes.

Apuntaron, además, que Pascual se mostró «desafiante» y en reiteradas, «profirió insultos machistas, tanto a dos de las representantes de la oposición, como a Ferrándiz». Fue el exedil quien solicitó que se impugnase la reunión, en la que también se debía elegir la nueva directiva de la comunidad y en la que los propietarios que no producen arroz, querían solicitar el pago de un alquiler por el uso de sus parcelas.

Según algunos de los presentes, Pascual indicó que «se trataba de una asamblea ilegal al no haber comunicado de ella como era debido». También, dijeron, tildó de «ocupas» a algunos de los regantes que se encuentran en el bando opositor.

Una critica que fue rebatida por el actual munícipe de Pego, Enrique Moll, quién afirmó que «Carlos Pascual fue el primero que ocupó las tierras arrozales cuando estaba al frente del ayuntamiento».

En cuanto a la acusación por no publicar la reunión, los miembros de la gestora indicaron que la junta «se anunció tanto al Ayuntamiento, como en el BOP, así como en anuncios que se repartieron por el municipio». A pesar de ello, finalmente los regantes decidieron aplazarla. Moll logró un consenso entre todos los bandos, y apuntó que en la próxima junta general estarán presentes el abogado del Ayuntamiento de Pego «para que asesore legalmente», así como dos policias «para evitar los altercados de hoy».

Así pues, acordaron realizar el censo de los propietarios para que en la próxima reunión puedan estar presentes, así como para iniciar el proceso de pagos de alquiler de las tierras: «Esperamos que todos los grupos productores que todavía no están participando en la confección del censo, lo hagan», apuntó el edil.