Las Provincias

Pego afirma que recurrió el fallo de la cantera por «estrategia judicial»

Los ediles durante la celebración del pleno. :: B.O.
Los ediles durante la celebración del pleno. :: B.O.
  • El pleno se muestra en contra de las reválidas y de las modificaciones de la Unión Europea del régimen de importación de cítricos

«Estrategia judicial para evitar responsabilidades patrimoniales hacia la empresa de la cantera». Esa fue la razón por la que el Ayuntamiento de Pego decidió postularse al lado de la empresa Pavimentos Bituminosos Serrano, que presentó un recurso de casación ante el Supremo contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que consideraba ilegal la extracción de áridos de la cantera de l'Atzaïla, denunciada por el colectivo ecologista Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia-Gelibre.

Así lo confirmaron el concejal de Hacienda, Carmelo Ortolà y el alcalde, Enrique Moll, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo Compromís en el pleno celebrado ayer. Su portavoz, Ángel Oltra, instó al gobierno local a argumentar sus razones para recurrir dicha sentencia, «cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ya había confirmado las irregularidades con las que actuaba la empresa». Según Ortolà, «el ayuntamiento se posicionó al lado de la empresa, porque en el caso de que la sentencia le hubiese sido favorable, el ayuntamiento habría tenido que pagar parte de los daños ocasionados a esta empresa por todo el tiempo que estuvo cerrada».

El edil afirmó, además, que la mercantil recibió en su momento unas licencias y el Ayuntamiento «creía que desarrollaba la actividad que estas marcaban». Ortolà recordó que tras el fallo del TSJ en septiembre de 2014, la asociación ecologista «tuvo a bien no solicitar la aplicación inmediata de la sentencia, porque sus miembros temían que el fallo del TSJ no fuese definitivo, tal y como presumieron los técnicos del Ayuntamiento de Pego, que aconsejaron al equipo de gobierno seguir con la estrategia de defensa, hasta el extremo, de los criterios de la concesión».

Por su parte, el alcalde de Pego reafirmó la postura tomada por el consistorio alegando que siguió «la misma línea que decidió defender la Conselleria de Medio Ambiente».

Reválidas

Antes del leve enfrentamiento entre gobierno local y oposición, la corporación aprobó en la sesión plenaria dos mociones. La primera de ellas, presentada por el PSPV y apoyada por todos los grupos políticos (Ciutadans de Pego, Compromís y Volem) excepto el PP, solicitaba la derogación del decreto conocido como el de las reválidas. «Se trata de una ley que fue rechazada por toda la comunidad educativa» subrayó el concejal de Educación, José Merí.

Mientras que en la segunda moción, propuesta por el grupo Compromís, se instaba a la Unión Europea a establecer un protocolo comercial en materia de cítricos que controle la entrada sin aranceles de las naranjas procedentes del sur de África o la implantación de inspectores sanitarios especializados en plagas y enfermedades en los puertos donde llega la mercancía.