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Gelibre exige la restauración del terreno de l'Atzúbia destruido por la cantera de Pego

Imagen de archivo del polvo generado por una detonación sobre las casas de l'Atzúbia cercanas a la cantera. :: LP
Imagen de archivo del polvo generado por una detonación sobre las casas de l'Atzúbia cercanas a la cantera. :: LP
  • La asociación ecologista se muestra «contenta» por el fallo del Supremo que ratifica la ilegalidad de la extracción de áridos realizada por la empresa concesionaria

La Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia, Gelibre, ha exigido la restauración del terreno de este municipio destruido por la cantera de l'Atzaïla, en el término municipal del Pego. El deseo del colectivo es que la ladera afectada vuelva a su antiguo estado ahora que el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la ilegalidad de la extracción de áridos de la cantera que en 2008 ya denunció el colectivo ecologista.

El presidente de Gelibre, Jesús Pons, aseguró ayer que la asociación estaba «contenta» por el dictamen definitivo del Supremo porque «se ha acabado con el polvo y las explosiones» que afectaban a las casas de los vecinos. No obstante, subrayó que «ahora vigilaremos la restauración».

La sentencia de TS desestima el recurso de casación interpuesto por la Conselleria de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Pego y la mercantil Pavimentos Bituminosos Serrano contra el fallo de septiembre de 2014 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana en el que se declaraba ilegal esa actividad, ya que la actividad desarrollada por la empresa había variado respecto a la marcada en 1948, cuando obtuvo la concesión. En 1963 obtuvo licencia para fábrica de cal y trituración de áridos, pero con el tiempo se convirtió en explotación minera extractiva.

Según recordó Pons, la batalla emprendida por Gelibre hasta que el TS les ha dado la razón ha sido «larguísima» y «ese tiempo lo ha aprovechado la empresa». El presidente del colectivo ecologista apuntó que desde julio de este año la cantera está cerrada al no poder realizar explosiones y que la única forma de reanudar la actividad sería pidiendo licencia, algo que sería complicado, especialmente tras el fallo judicial. Por si acaso, el pasado julio la asociación remitió al área de Minas de la Conselleria de Economía e Industria un escrito en el que le trasladaban al gobierno autonómico que la actividad de extracción de áridos realizada en esa cantera era «ilegal», como ya dictaminó el TSJ en 2014 tras la denuncia de Gelibre.

También señaló que en mayo la mercantil presentó un proyecto de ampliación y que entonces se presentaron 200 alegaciones en contra. Ahora, Gelibre está a la espera de ver cómo la ladera que da l'Atzúbia recupera su antiguo estado tras numerosas explosiones para la extracción de áridos, que, según contó, «desde 2008 se realizó al menos al mes», la última que contabilizó la asociación data del 22 de junio del pasado año».

Pons detalló que la empresa tiene que quitar ahora toda la infraestructura que se montó. Al respecto, añadió que se deberá devolver al estado inicial «rehaciendo la pendiente en la zona de l'Atzúbia». En ese sentido, insistió en que esperan que en la recuperación de la ladera «se apliquen las normas de restauración forestal» ya que la empresa, durante su actividad en la cantera pegolina, «pasó al término de al lado, a una zona que era forestal», recalcó.

Gelibre comenzó a denuncia la ilegalidad de la actividad en la cantera ante diferentes organismos en enero de 2008. Se dirigió al consistorio pegolino, a Minas, a la Conselleria de Medio Ambiente y al Síndic de Greuges. En 2011 llevó su lucha ante el TSJ, que se pronunció a favor del colectivo tres años después.

Su fallo es el que ratificó el TS hace unos días. El auto deja claro que la actividad desarrollada en la explotación había variado, pues la concesionaria obtuvo licencia municipal para fábrica de cal y para triturar áridos, y no para extraerlos, que es lo que se estaba haciendo. Otro aspecto marcado es que «la cantera esta ubicada en el área de amortiguación de impactos del Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva».

Es más, hace hincapié en que afecta a terreno forestal estratégico según la cartografía de la conselleria y que «la superficie clasificada como SNU de Uso Cantera presenta vulnerabilidad alta de contaminación de aguas subterráneas de la Marjal y riesgo de desprendimiento bajo-medio».

A todo ello le suma que parte de la cantera está a una distancia de entre 200 y 500 metros de l'Atzúbia, cuando la ley marca que al menos debe ser medio millar, y que la superficie dedicada a la explotación había crecido a lo largo del tiempo desde los 1,5 a las 8,22 hectáreas.

Por todas estas modificaciones que han implicado una «variación sustancial», la sentencia del TSJ declara que en ese emplazamiento se ha desarrollado una «actividad ilegal». Puntos que reitera el Supremo ante el recurso presentando por conselleria, ayuntamiento y empresa. Además, a las tres partes recurrentes el TS le impone el pago de las costas judiciales.