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Fútbol | Levante UD

La juez procesa a los 36 jugadores del Levante y Zaragoza por amaño

El exjugador del Levante Miquel Robusté a su llegada a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en 2014./EFE
El exjugador del Levante Miquel Robusté a su llegada a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en 2014. / EFE

La fiscalía, la Liga y el Deportivo, cuyos recursos permitieron la reapertura de la causa, propondrán las penas para los investigados

A. MARTÍNEZ

El presunto amaño del Levante-Zaragoza avanza a marchas forzadas hacia un juicio que marcará la historia del fútbol español. La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, ya ha procesado a los 42 investigados, entre los que se encuentran 36 jugadores de los dos equipos que se enfrentaron el 21 de mayo de 2011 en el Ciutat de València. La Fiscalía Anticorrupción, la Liga y el Deportivo de La Coruña deberán proponer las penas a las que se enfrentarán los implicados en la causa.

El pasado 25 de enero, la Audiencia Provincial de Valencia reabrió la causa y ahora la juez ha dictado el auto que recopila los hechos y cierra la investigación. De esta forma, ya está preparado el camino hacia el juicio. 18 futbolistas de aquel Levante, todos los que entraron en la convocatoria del partido, se sentarán en el banquillo.

La magistrada, quien el pasado 31 de julio archivó el caso, ha tenido que retractarse. Y es que la sección quinta de la Audiencia Provincial ordenó la reapertura al estimar los recursos presentados por la Fiscalía y, en calidad de acusaciones particulares, la Liga y el Deportivo.

Isabel Rodríguez basa su auto en los argumentos aportados por la Sala, que contempla indicios para celebrar un juicio por un presunto delito de corrupción en los negocios. La clave consiste en que no se ha podido aclarar el destino de los 965.000 euros que extrajeron los futbolistas del Zaragoza antes del encuentro y en que los jugadores del Levante ofrecieron razones insuficientes a la hora de justificar su disminución de gastos.

De esta forma, la magistrada zanja una instrucción que arrancó en enero de 2015. La resolución recoge que los hechos podrían encajar en el artículo 286.4 bis del Código Penal, que se aplica «a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva».

Los 42 involucrados se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los cuatro años. El auto dictado por la juez puede ser recurrido en un plazo de cinco días. Los investigados apelarán, aunque este trámite no impedirá la celebración del juicio tras el criterio que ya ha manifestado la Sala.

A partir de ahí, la Fiscalía, la Liga y el Deportivo serán los encargados de formular el escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral. Las previsiones de algunos letrados señalan que pueden transcurrir cinco o seis meses hasta que se conozca la fecha en que los 42 investigados se sentarán en el banquillo.

Los abogados de determinados futbolistas del Levante defienden que el auto contiene errores sobre los movimientos bancarios, algo que reflejarán en sus recursos. La sección quinta de la Audiencia Provincial, cuando recibió los 17 tomos de documentación, se marcó un período de dos semanas para votar. Y eso hizo.

Según Anticorrupción, el Zaragoza ordenó transferir 965.000 euros a las cuentas bancarias del director deportivo, el entrenador y nueve jugadores del club maño los días 17 y 19 de mayo de 2011. En la instrucción, no se ha logrado probar una relación directa entre las cantidades extraídas y el ostensible descenso de gastos de los futbolistas del Levante, pero la Audiencia entiende que hay suficientes indicios.

Las versiones de los futbolistas granotas para justificar sus escasos gastos no convencieron a la Sala: «Los informes de la Agencia Tributaria concluyen la existencia de una disminución de disposiciones en efectivo que no se compensa con un mayor gasto de tarjeta de crédito, lo que han admitido algunos jugadores del Levante, ofreciendo explicaciones unilaterales no acreditadas por el resultado de otras diligencias de investigación, otros ofrecen justificaciones poco verosímiles como que durante los meses investigados vivieron a costa y por cuenta de su familia directa o extensa, por hallarse en periodo vacacional, otros se han acogido a su derecho a no declarar».

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