Las Provincias

México reformará la constitución para evitar la infiltración de los narcos en la política

El presidente de México, Enrique Peña Nieto
El presidente de México, Enrique Peña Nieto / EFE
  • Peña Nieto responde a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala con una iniciativa que permitirá disolver los ayuntamientos cuando se detecten vínculos con el crimen organizado

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una reforma constitucional para combatir la infiltración del crimen organizado en las presidencias municipales (alcaldías) del país, en respuesta a la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses en el municipio de Iguala.

La reforma, que el gobernante enviará el lunes al Congreso mexicano, incorpora la posible "disolución" de un ayuntamiento "cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con el crimen organizado", como sucedió con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente preso.

Por otra parte, Peña Nieto ha puesto en juego otro plan para crear 32 policías estatales que reemplazarán a las más de 1.800 corporaciones municipales, por lo mismo motivos. En un mensaje a la nación para explicar una nueva estrategia para combatir la inseguridad, la impunidad y la corrupción, el gobernate indicó que su plan contempla sanciones a los alcaldes que no entreguen el control de los cuerpos policiales y a los gobernadores que no asuman la responsabilidad de una policía única.

El objetivo es pasar de más de 1.800 policías municipales débiles a 32 "sólidas" corporaciones de seguridad, "más confiables, profesionales y eficaces", y homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnología.

"El Estado debe ofrecerles un proyecto de vida y pagarles bien", afirmó Peña Nieto en un discurso en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, acompañado por representantes de los tres Poderes del Estado, de la sociedad civil y empresarios. En virtud de que dicha medida supondrá un "enorme reto" presupuestario, explicó que en una primera etapa se dará prioridad a cuatro estados que presentan una mayor debilidad institucional: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas..