El PP de Xirivella pide responsabilidades por la prescripción de tributos

A. D. XIRIVELLA.

Después de que el alcalde de Xirivella, Ricard Barberá, anunciara su intención de realizar una consulta al Consell Jurídic Consultiu sobre un decreto de prescripción de tributos de la época de Gobierno del PSPV de más de 235.000 euros pendiente de resolver, desde el PP le instan «a ser valiente y aclarar, de verdad, las cuentas que el exalcalde socialista, Michel Montaner, se ha negado a abordar durante sus dos años de alcaldía».

Los populares manifiestan «un verdadero interés» por resolver la cuestión y consideran «necesario trasladarla al Tribunal de Cuentas, para velar así por el interés general de los vecinos de la localidad». «Debe recurrirse el auto de la sentencia condenatoria y depurar responsabilidades, ya que quedan todavía más de 800.000 euros sobre los que el juez no ha señalado como responsable al recaudador, y se trata de dinero de los vecinos de Xirivella», señalan.

Desde el PP se preguntan «quién es el responsable de la merma en las arcas públicas del municipio, por qué Montaner ha evitado la resolución del tema durante dos años» y si el alcalde «seguirá inmóvil frente al problema, poniendo en duda así la excelencia y transparencia en la gestión pública de la que hace gala su partido» porque esta actitud «hace pensar que quizás haya quedado 'todo arreglado' en el pacto de gobierno».

Por otra parte, desde la formación apuntan «hay muchos otros temas de la época socialista que quedan por aclarar y resolver» y ponen como ejemplo «el cobro, todavía pendiente, de la tasa de basuras, otorgado de forma poco clara a una empresa, sin concurso ni adjudicación, sino por decreto».

Otra cuestión por resolver «es el incremento de los recibos por obras supuestamente no realizadas, que Compromís ni rebaja ni pretende solucionar, negándose a ejecutar un acuerdo de pleno al respecto» y añaden «como tampoco lo hicieron los socialistas respecto a la gestión del agua en el Barrio de la Luz y el polígono Virgen de la Salud, que no es llevada a cabo la empresa que ganó el concurso público, sino por otra adjudicada de forma poco transparente».

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