Tumban un recurso contra los fotorrojos que se basa en el fallo del Supremo

El juzgado de lo Contencioso de Valencia advierte de que los efectos de la sentencia del Tribunal se limitan a un caso concreto

A. DASÍ CATARROJA.

La justicia ha vuelto a dar un varapalo a los afectados por los fotorrojos de los semáforos de los cinco municipios que pusieron en marcha este sistema que detecta a los vehículos que se saltan un disco en rojo. El juzgado de lo Contencioso de Valencia ha desestimado un recurso de un particular al Ayuntamiento de Massanassa «por presunto silencio administrativo» y le obliga a pagar la multa de 200 euros y las costas.

Pero lo más significativo del caso es que el denunciante se acoge al fallo del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre que anulaba una de estas multas y el juez, advierte que en él «no se establece ninguna doctrina al respecto» y que únicamente se refiere a un caso concreto.

Esta misma conclusión es la que se desprende del estudio jurídico de la sentencia del Supremo solicitado por la Mancomunitat de l'Horta Sud para ver al posibilidad de rescindir el contrato con la empresa de los fotorrojos. También apuntaba que no se indica que el sistema fuera «ilegal».

El dictamen considera que el organismo judicial «no establece ninguna doctrina al respecto» El informe jurídico de la Mancomunitat advertía de que «no aclara que el sistema es ilegal»

En esta última sentencia, el juzgado de lo Contencioso se reafirma en la misma teoría que ha aplicado a otros recursos similares y que ya ha resuelto respecto a la falta del control metrológico del sistema. Así, señala que con ello «no se infringe el artículo 70.2 del RDleg 330/1990 porque las cámaras de vigilancia son un sistema de captación de imágenes que ni pesa, ni mide o cuenta ninguna unidad legal de medición de las previstas en el artículo 2.2 de la ley 32/204 de diciembre y, por tanto, no están sujetas al control metrológico exigido en el artículo de dicha norma».

Hace una semana, la Plataforma de Afectados por los Fotorrojos, convocó una reunión en Catarroja para unificar criterios, con abogados voluntarios, e insistir ante los Ayuntamientos para la anulación del contrato con la empresa que gestiona este sistema, que estará vigente hasta el mes de febrero de 2019. La próxima reunión está prevista para el jueves. Por otra parte, el Consistorio de Catarroja también ha solicitado un informe jurídico sobre la «legalidad» de los fotorrojos, ante la disparidad de sentencias.

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